Hace unas semanas escribí sobre los alcances de la Reforma Educativa y los beneficios que se esperan con la creación el Servicio Profesional Docente.

Hice referencia al nuevo régimen jurídico que regula el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros de las escuelas públicas, así como al Sistema Nacional de Evaluación de la Educación cuyo principal objetivo es garantizar la calidad de la educación impartida en las instituciones públicas.

El día de ayer se llevó a cabo el foro “¿Qué sigue después de la reforma educativa?”, organizado por la Secretaría de Vinculación del PRI donde se dieron cita diversas organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema.

Destacó el mensaje que dirigió el Presidente del CEN de PRI, quien afirmó que en el proyecto de Egresos de la Federación de 2014, se propone incrementar en 90% los recursos para el programa de escuelas de tiempo completo y en más de 33% los fondos para becas escolares.

Sin embargo, en este evento hubo muchas dudas sobre la manera en que se “aterrizarán” los beneficios de la reforma. Dudas legítimas, máxime cuando todavía quedan algunos de los maestros de la CNTE en las calles de varias ciudades del país.

En este contexto toma relevancia el anuncio del Consejo de la Judicatura Federal, sobre el hecho de que se presentaron 4,300 demandas por las que más de 200 mil personas solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de las reformas a las leyes General de Educación, y contra las que crean el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente.

Todos estos juicios serán resueltos por Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región ubicados en San Andrés Cholula, Puebla (recuerdo que hace unos años fueron precisamente Jueces y Magistrados de este Centro Auxiliar quienes resolvieron miles de amparos promovidos en contra del IETU).

Habrá que esperar a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, sobre la constitucionalidad de dichas leyes, sin embargo, debido a que el derecho a la educación con calidad es un derecho humano reconocido tanto en la Constitución y en los Tratados Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm), pareciera, prima facie, que dichos juicios no van a prosperar, por una simple razón: El derecho de unos cuantos no puede estar por encima del interés general.

Por otra parte, y tomando en consideración las disposiciones de la nueva Ley de Amparo y el interés legítimo, por virtud del cual una persona puede promover un juicio de amparo en contra de una autoridad aunque no se le lesione directamente algún derecho subjetivo, sería interesante ver que un grupo de ciudadanos promoviera un amparo en contra de las omisiones de las autoridades cuando los maestros disidentes tomen las calles, monumentos y oficinas públicas.

Igualmente, considerando lo dicho en líneas anteriores, como el derecho a la educación es universalmente reconocido en la carta magna y en tratados, las asociaciones de padres de familias, sociedades de alumnos, o cualquier otra agrupación que se sintiera lesionada por acciones u omisiones del gobierno al pretender dar (o no) cumplimiento a las reformas recientemente aprobadas, podría por la vía de amparo demandar el respeto a su derecho humano.

Así, por ejemplo si alguna institución educativa de carácter público cobrara cuotas “voluntarias” a los padres de familia, éstos bien podrían acudir al Poder Judicial de la Federación directamente, a reclamar el cese de dichas prácticas.

En lo personal me parece que el tema del interés legítimo y el derecho constitucional a la educación tiene un gran camino por recorrer y sería un ejercicio muy interesante que los ciudadanos hicieran valer este derecho por esta vía, especialmente en Estados donde los maestros no están en las aulas dando clases, sino en las calles protestando por una reforma que ya se aprobó y en la que no se va a dar marcha atrás.

Me pregunto cómo reaccionaría un Secretario de Educación Pública si un juez de Distrito le ordenara, en una sentencia firme, obligar a los maestros regresar a las aulas a dar clases, y en virtud de la nueva ley de amparo le otorgara 24 horas para dar cumplimiento, so pena de destituirlo.