Sustentando sus propuestas de reformas en lo establecido en el Pacto por México el Presidente ha presentado un conjunto de iniciativas: la fiscal, energética, educativa, etc. Otros actores políticos han hecho lo propio, así tenemos que la propuesta de reforma político electoral originalmente ha sido impulsada por la dupla PAN- PRD, emerge del  Pacto también.

En la ola reformista que ha iniciado el presidente Enrique Peña Nieto se ha sumado la que como propuesta del PAN se formuló casi como condición para seguir apuntalando cambios importantes en la estructura legal del país, a lo que me refiero es la propuesta de reforma política que, entre otras cuestiones, incluye una propuesta de reforma electoral, el sustento corresponde con elementos empíricos tomados de las recientes jornadas electorales y políticas, pero también corresponden con las preocupaciones de los integrantes del PAN y de sus principales aliados en la etapa que nuestro país está cursando.

La iniciativa que se ha formulado como reforma político electoral, impulsada por el PAN, tiene su origen en uno de los compromisos contenidos en el documento denominado Pacto por México.

En efecto, en el compromiso número 90 del citado documento, se especifica que se deberá integrar el  Instituto Nacional de Elecciones (INE), para que se encargue de los procesos electorales: Federales, Estatales y municipales, el modelo de órgano electoral es de un órgano autónomo respecto de las autoridades de todos los órdenes y a los poderes fácticos. La autonomía se garantizaría si tiene presupuesto definido y suficiente sin depender de las autoridades ejecutivas.

En la propuesta se pretende blindar al órgano electoral, que se pretende crear, de la intervención de los poderes de las entidades federativas, dejar fuera la irrupción, más que documentada de los poderes del gobierno central de la federación y de los poderes facticos nacionales. Con esa pretensión se formuló la propuesta de reforma Político electoral.

La propuesta del PAN asociado con el PRD

El contenido de la propuesta en lo substancial puede sintetizarse en lo siguiente: 1).-la segunda vuelta en la elección de Presidente de la República. 2).- revisar los plazos de duración de la gestión de Diputados y presidentes municipales, 3).-la modificación de la estructura del IFE pretendiendo su mayor consistencia, su representatividad y que logre cumplir su misión de manera menos onerosa y más efectiva por medio de la creación del Instituto Nacional electoral.

Especial mención merece, para el nuevo organismo, la pretensión de extender las funciones que hoy cumple el IFE en las elecciones de autoridades centrales de la federación hacia la organización de las elecciones de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios. El criterio fundamental de la propuesta es tendiente a un acendrado centralismo que viene en contracorriente de un sustantivo federalismo moderno de profundo sesgo democrático.

Se formula que al crear el Instituto Nacional Electoral (INE) los órganos electorales de las entidades federativas sean cancelados lo que significa concentrar en el gobierno central definir la conformación del órgano electoral.

Simplemente se dice que los consejeros que integrarían al Consejo General del INE pasarían de 9 a 11 y los espacios de elección se ubicarían en el ámbito del congreso de la unión, solo se anexaría que las propuestas serían formuladas por instancias como el INEGI, Universidades, etc. Con ello se sumarían filtros nuevos a la formulación de propuestas pero en ello pesa poco en la consideración federalista y representativa, queda claro el sentido centralista.

En general el argumento en contra de los órganos electorales locales es que ellos, los órganos electorales, son presionados por las autoridades ejecutivas de las entidades federativas. En general es válido. Ese argumento palidece si se toma en cuenta las experiencias, aún frescas y plenamente documentadas, de la intervención de los ejecutivos centrales de la federación en las recientes elecciones de autoridades.

Debe quedar claro que eso se presenta en correspondencia con la estructura todavía endeble de los organismos electorales para someter en su ámbito de competencia a las autoridades de los distintos niveles. Lo anterior significa que para crear un INE vigoroso se requiere combinar un federalismo moderno con diseño de una estructura del INE capaz de, en lo electoral, someter a las autoridades dentro de los procesos electorales, para que actúen respetando las leyes y en caso de que no fuera así poder sancionar los procederes rebeldes, y  de ese modo -y solo de ese modo-, poder organizar procesos electorales creíbles y con resultados indiscutiblemente legítimos.

Actualmente el IFE se integra en sus instancias de dirección: por un Consejo General que está constituido por un Consejero Presidente y 8 consejeros electorales; por 32 consejos locales correspondiendo con el número de entidades federativas que constituyen a la República mexicana y al Distrito Federal; cada consejo local está integrado por el presidente del consejo local ( que es al mismo tiempo el Vocal Ejecutivo) y seis consejeros, en total siete integrantes y con trescientos consejos distritales que funcionan sólo durante cada proceso electoral. El aparato administrativo y operativo no lo abordaré de manera minuciosa, porque la intención que se percibe es que en un primer momento se mantenga casi sin cambio al fundarse el INE.

Las posturas que rechazan la creación del INE

En esta postura se encuentra a los integrantes de los órganos electorales locales, la publicaron en un desplegado en los diarios nacionales, resultado de una reunión nacional de Presidentes de los mencionados organismos electorales. El sustento es que debe preservarse la soberanía de los estados frente a la federación, se debe aprovechar la experiencia de los aparatos electorales locales y que la afirmación de que son dependientes de los ejecutivos estatales no es cierta.

Las recientes declaraciones de Lorenzo Córdova Vianello, uno de los consejeros electorales, integrante del consejo general del IFE, menciona que los cambios implicados por la creación del INE podrían significar incertidumbre y hasta un mayor gasto, tiene mucha razón si como él supone, el nuevo órgano institucional solo significa un relevo del CG del IFE por un consejo general con 11 integrantes que en la propuesta integrarían el CG del INE, en lugar de 9 que hoy tiene el IFE.

El asunto no será así,  si junto con la creación del INE, supongo, se impulsara un espíritu federalista y, por eso, se realizaran cambios en la estructura institucional y en la estructura electoral del país para permitir el funcionamiento de un solo mapa electoral nacional. Unificar los distritos Federales con los estatales y si se homogeiniza la distribución de las secciones electorales  entre los distritos y los municipios y se impulsara la concurrencia de las elecciones  hacia dos periodos electorales por cada seis años. Es decir, uno cada tres años.

En el grupo de opositores al INE se encuentran los que se centran en el argumento que critica la vuelta del centralismo como forma de resolver las supuestas deficiencias de los gobiernos de las entidades federativas, tal tendencia ya se presentó en lo fiscal, en lo educativo y ahora se pretende  concretar en lo electoral, como está planteada la reforma si representa una confirmación de la tendencia centralista y seguro que puede permitir resolver algunos de los problemas que preocupan en los diversos ámbitos de la nación, pero sería más atinada la solución si se logra que los Estados en una nueva estructura federativa encuentre formas de superar sus limitaciones con ayuda del gobierno central de la república y, al mismo tiempo, se comprometen a generar estructuras más representativas e incluyentes, es decir, democráticas, para mejorar la estructura institucional de nuestro país. Dejar de transitar por la vía que en un total desdén de la opción federalista, piensa que basta con centralizar más  para superar los problemas. En mi opinión eso es equivocado.

Cambios ineludibles para cumplir con los propósitos

Suena plausible que la duplicidad de estructuras sea cancelada a partir del surgimiento del nuevo órgano electoral, la intención es modificar lo que existe actualmente: tenemos que el Estado mexicano destina para las actividades electorales del país (para financiar al IFE y a los Institutos locales) anualmente 17,750  millones de pesos, (7100 millones en prerrogativas para los partidos y el resto 10,600 millones para financiar a los órganos electorales) suma bastante significativa.Se justifica, por tanto, emprender acciones que tiendan a disminuir la cantidad de recursos destinados a la citada actividad, cuidando siempre que ello no afecte la calidad de los citados procesos.

Pero deberá tomarse en cuenta que, el solo hecho de encargar al órgano nacional que se ocupe  de las elecciones de las autoridades centrales de la federación y de las de autoridades de las entidades federativas, no conduce a la consecución de los objetivos centrales de la reforma, los objetivos solo serán viables si el nuevo órgano electoral resuelve lo concerniente a la distribución distrital en todo el país, se tratará de  constituir un solo mapa electoral nacional, la propuesta que se debe formular puede ilustrarse con un ejemplo:  qué hacer en Puebla para en verdad tender a optimizar el uso de los recursos, en la entidad ya se encaminó el proceso para conseguir la concurrencia de las elecciones de autoridades locales y federales, quedó pendiente la unificación institucional, es decir,  si en Puebla tenemos 26 distritos locales y 16 federales, para que el ahorro de recursos sea significativo se debe resolver la dicotomía citada y la posible solución al asunto puede  perfilarse  al conservar solo el número de distritos federales y de hacer uso de esa estructura distrital para que en la elección de los legisladores locales se instituyan los distritos binominales o hasta trinominales.  De ese modo se podrá conseguir que además de todo se unifique a los órganos distritales y así tender a un verdadero ahorro de recursos. La solución mencionada se tendría que aplicar en todas las entidades federativas del país; al mismo tiempo se deberá iniciar un proceso para hacer concurrentes a los procesos electorales locales con los Federales para conseguir que los ciudadanos mexicanos tuviésemos, cada seis años, dos procesos electorales, evitando así se dedique más tiempo a preparar las elecciones que a gobernar adecuadamente.

Solo así, se contaría con una estructura para atender a una población de 78 millones de electores y que corresponderían con la instalación de 143 mil casillas y la integración del mismo número de mesas directivas de casillas, si se prescindiera de atender la unificación distrital el número de casillas se duplicaría, lo que redundaría en costos casi similares a los que se hacen sin la reforma.

Solo con la concurrencia en los tiempos electorales y la unificación institucional se lograría que,  en una elección concurrente, tener solo 300 consejos distritales para recibir la votación que definirá la elección de autoridades de la entidad federativa y de lo que hoy se denomina como autoridad federal; lo que necesariamente se deberá mantener es la instancia municipal electoral, los consejos municipales, pero se deberá tomar en cuenta que las mesas directivas de casilla sí serán únicas para todas la recepción de votos para las distintas instancias de autoridad a elegir. En los procesos electorales actuales los 2 órganos mencionados son, y supongo que seguirán, como transitorios. Aún con esa salvedad representaría un cambio de este tipo un significativo ahorro de recursos humanos y financieros.

Lo expresado arriba significa que la preocupación de gastar menos en las elecciones quedaría más que garantizada.

El proyecto tendrá que reforzarse para conseguir sus objetivos

Un asunto de extremada importancia es blindar a la instancia electoral de ser sujeta a presiones por las autoridades constituidas en nuestro sistema de gobierno o de ser presa de las presiones de los poderes facticos. Para enfrentar eso se debe, en mi opinión, constituir un INE que tenga la representatividad federalista capaz de controlar y encauzar los ímpetus intervencionistas de las instancias de gobierno y privadas, que ilegítimamente pretenden incidir en los procesos de elección de autoridades.

Para hacer más consistente al órgano electoral es prudente que al menos se le asignen las atribuciones que hoy da el COFIPE al IFE, ello representa un fortalecimiento de las instituciones electorales frente a los distintos niveles y ordenes de autoridad y frente a los poderes fácticos, que se reforzará al diseñar una estructura federalista que le dé amplio respaldo por su representatividad y que lo inmunice de las frecuentes y poderosas presiones de los poderes públicos constituidos y de los poderes fácticos, el perfil de ese órgano tendría que ser el siguiente:

A.- Un Consejo General integrado por 32 Consejeros, uno por cada entidad federativa, 31 estados más el DF. Cada uno de esos consejeros nombrados por el Congreso de cada entidad federativa. El salario de cada consejero sería como el de un magistrado del Tribunal de Justicia de la entidad federativa, aproximadamente 70, 000 pesos mensuales, frente a los  aproximadamente 250,000 de cada uno de los actuales. Haciendo cuentas los 32 requerirían, por sus salarios, 2,240, 000, un poco menos que los 9 actuales que reciben 2,250, 000 por el mismo concepto.

B.- Al presidente del CG, de entre los 32 integrantes del mismo CG del INE, lo nombraría La cámara de Diputados Federal.

C.- Los Consejos locales del INE, incluido su vocal ejecutivo, serían designados por el CG del INE.

D.-Los consejos locales, además de sus atribuciones hoy contenidas en la legislación, tendrían el designar a los integrantes de los consejos municipales y a los funcionarios de las casillas.

 Un órgano así, correspondiente con un espíritu federalista, podría:

1.- neutralizar las acechanzas de los gobiernos de las distintas instancias de la república mexicana y sin lugar a dudas pondría en su lugar a los representantes de los poderes fácticos así como a los que detentan montos significativos de la riqueza, todo, tomando en cuenta que se trata de evitar acciones ilegales e ilegitimas de los actores políticos. Dentro de la ley los mexicanos todos podrán incidir en los resultados de los procesos electorales.

2.- Tendría la capacidad y legitimidad indiscutibles para organizar las elecciones de un presidente de la república, de los 500 diputados del gobierno central de la federación, los 128 senadores de la república, 31 gobernadores, un jefe de gobierno del DF, 1100 diputados locales y 2457 presidentes municipales.

3.- Como consecuencia de los cambios se esperaría tener un INE fuerte y consistente que garantizaría elecciones transparentes y legítimas, al mismo tiempo que ahorros de recursos considerables. Si tomamos en cuenta lo propuesto que impacta al 60% de los gastos mencionados y lo que se espera que impacte en el otro 40% (las prerrogativas de los Partidos) la discusión sobre la normatividad de los partidos. En conjunto la disminución del gasto se podría aproximar al 50% de ahorro. Podría quedar el gasto en los procesos electorales en los 10,000 millones frente a los 17,750 millones que se aplican actualmente.