Mejora la información que, sobre el “Maratón de Puebla”, proporciona el Instituto Poblano del Deporte Gracia a través del sitiohttp://www.maratondepuebla.com/#-, pero y  aunque en la ventana dedicada a su “historia” señala que nace en la década de los ochenta, sin precisar año -cuestión que pueden resolver con una simple visita a cualquier hemeroteca-, la dedicada a la altimetría se encuentra vacía. Se especifican: día en que se verificarán las “justas” (24 de noviembre), hora de salida (8:00 horas am.), lugar de salida y arribo para todas las categorías (Parque del Arte), rutas, premios, rifas, “tecnología móvil” que servirá lo mismo para cronometrar tiempos que compartir información mediante “celulares o smartphones” –información oficial-, en tanto que en la sección boletines de prensa (15 de octubre) comparten un sitio que permite inscripciones en línea (www.oclock.mx), cuestión no contemplada en la convocatoria y en la propia página –sección “Inscríbete aquí”-. Les restan sólo 21 días y vale la pena destacar Gracia, que el costo de la inscripción es el más bajo que se ha cobrado por participar en una competencia de atletismo en Puebla y en cualquier otra parte de la República. Como pendientes de información quedarían por hacer públicas, cuestiones relacionadas a la seguridad de atletas y acompañantes -políticas para regular el tránsito citadino y rutas alternas de circulación-, lugar de ubicación de ambulancias y de zonas de abastecimiento de agua.

Pero, mientras que los trabajadores y las trabajadoras de la educación que participan en las diversas “jornada de lucha” mediante las que pretenden, se deroguen las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las propias que afectaron diversos ordenamientos de la Ley General de Educación y las leyes secundarias, señalan que las “afectaciones” que causan a terceros (“inocentes”) perjudicados, son responsabilidad de las autoridades involucradas (Emilio Chuayffet, entre otros), mandos federales de diferentes jerarquías, esfera de gobierno y representantes de grupos de poder, insisten en señalar que la Reforma Educativa no tiene marcha atrás y no es negociable, que “no debe servir para negociaciones políticas, sino aplicarse en pleno y servir para aplicar sanciones a los maestros con bajo aprovechamiento y deficiente capacidad para impartir clases.”

(Coparmex, http://www.infonor.com.mx/index.php/sureste/6-sureste/54666-reforma-educativa-no-es-negociable-advierte-coparmex). Autoridades locales demandan que Emilio Chuayffet Chemor, encargado del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto, dialogue con el personal docente y de servicios apoyo y asistencia a la educación, afiliado a las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), agrupados en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes llevan más de dos meses en un movimiento que recurre a diferentes medidas de presión (entre ellas, suspensión de labores, tomas y bloqueos de carreteras, aeropuerto, instalaciones comerciales, oficinas públicas) para lograr su cometido.  

En tanto Gracia y los interesados pudiesen imponer sus opiniones, circula mediante “WhatsApp” y con fecha 30 de octubre, una propuesta tendente a abrir “una nueva vía para la solución del conflicto, … y mantener el diálogo, en principio para la elaboración de documentos” relacionados con: primero, la elaboración de un escrito mediante el que el gobierno federal “garantizaría la gratuidad de la educación pública y los derechos laborales del magisterio”, segundo, “un acuerdo para que las propuestas de la disidencia magisterial se incorporen en las leyes estatales.”.  De acuerdo al “WhatsApp” de referencia, “hay un margen de posibilidades de que se solucione el asunto”, “a través de modificar leyes estatales previa integración de un acuerdo nacional al respecto”, derivado de negociaciones realizadas entre una comisión negociadora de la CNTE y funcionarios de Gobernación “encabezados por el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda”.

Comunicación informal que circula por escrito entre contactos de teléfono, la reunión de marras habría abordado 3 puntos (Revisión a la Reforma y leyes secundarias,  “Construcción de un nuevo modelo educativo y pedagógico” y el cese a la “represión”), los que habrían dado cuenta, señala la fuente identificada como M.E.H.S. -que me compartiese un amigo Gracia-, habría dado pie a los siguientes “Acuerdos por parte del gobierno: Se comprometen a elaborar un nuevo modelo educativo tomando en cuenta las propuestas de los estados adheridos al movimiento magisterial (Elaborar una reforma educativa real). Se comprometen a asegurar la basificación, permanencia y promoción (trabajo seguro)”, se comprometen, al tenor del escrito a dar un “Alto total a la represión jurídica y administrativa o de alguna otra índole. (No existirán ceses ni órdenes judiciales, en caso de haberlas con anterioridad deben hacerlas llegar a su enlace y ellos al nacional para el día martes 5 de noviembre y entregarlas al gobierno federal.”. n (trabajo seguro) tas de los escomprometen a asegurar la basificacimodelo educativo tomando en cuenta las propueswtas de los es

Si el “WhatsApp” tiene razón Gracia, estaríamos ante una coyuntura que en la que privilegiarían el diálogo y la razón, frente a la fuerza. Coyuntura en la que se rectificaría y se iniciaría una reforma educativa por el camino correcto y en el que tanto insiste José Luis Velásquez Báez, maestro de maestras y maestros, la definición del modelo educativo que queremos y necesitamos, “modelo” que deba servir a todos los sectores iniciando por los sociales, “Una nueva vía para la solución del conflicto”, que tome en consideración la opinión de aquellos directamente involucrados; maestras y maestros, que revise planes y programas,  que obligue a quienes constitucionalmente son responsables, el Estado, su gobiernos y su administración.  Sólo entonces recobraremos la paz social violentada por los personeros gubernamentales que quieren imponer sus criterios, Gracia.