En el mundo se estiman aproximadamente 215 millones de menores con un empleo mal remunerado y 115 millones de estos niños están en trabajos de riesgo, independientemente del sector en que se desenvuelvan.

En México, el Censo de 2010 del INEGI, registró 32.5 millones de niñas y niños, representando al 29% de la población mexicana; de los cuales alrededor de 4 millones de niños se encuentran en el campo laboral en condiciones desfavorables, y un 42% de los niños que trabajan no asisten a la escuela (ENE, 2007).

Es evidente que la población infantil mexicana se ve afectada por  problemas graves en materia de sus derechos ya que enfrenta una clara situación de vulnerabilidad basada fundamentalmente en dos razones: la primera es, que debido a que las niñas y niños están en proceso de formación y desarrollo, este grupo mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas para acceder a los derechos reconocidos como la alimentación adecuada, los servicios de salud y educación. La segunda es, que la violación de los derechos de la infancia es poco perceptible en relación con otros grupos de la población y mínimamente denunciable, lo que facilita la repetición de las violaciones a sus garantías y aumenta la vulnerabilidad.

La situación de millones de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos renunciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como lo es la educación.

Lo que suceda en la infancia tendrá trascendencia en el resto de su existencia y    -en este sentido- en el futuro de nuestra nación. Por ello, promover un ambiente de desarrollo donde existe la igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, la salud y el esparcimiento para los niños y las niñas mexicanos, serán particularmente importantes.

Con miras al celebración mundial de Día de la infancia (el próximo 20 de noviembre), hay que recordar que la Convención sobre los Derechos de los Niños define como los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes tales como el derecho a la supervivencia, el desarrollo pleno,  la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Además establece como principios fundamentales la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.  Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.

Es así que con el objeto proteger los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales, México ratificó la Convención el 21 de septiembre de 1990 y, desde entonces, el Gobierno ha promovido y defendido los derechos de la infancia, por lo que fue uno de los países que convocaron la Cumbre Mundial en favor de la Infancia.

Es por ello que el Gobierno de la República está consciente de que invertir en los derechos de la infancia es una responsabilidad, pero también una oportunidad ya que es por medio de una mejor nutrición, de atención de la salud, de la educación, y de brindar protección a la niñez que se logran avances mucho más significativos que en casi cualquier otra esfera del desarrollo.