Hace poco más de cinco años, un grupo de comuneros sin hogar fundó una colonia en Valle de Santiago, Guanajuato, sobre las últimas 43 hectáreas de una superficie original de 450, que fue donada a un grupo indígena de la región de Valle de Santiago por su propietario legal, el señor Pedro Bautista, de origen español, a mediados del siglo XVIII. Esta donación está documentada con el Título Primordial que obra actualmente en el Archivo Histórico de la Nación. A raíz de los movimientos y perturbaciones que la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria ocasionaron sobre la propiedad de la tierra, los descendientes de los beneficiarios originales de la donación buscaron y obtuvieron la ratificación de auténticos dueños del predio mediante Resolución Presidencial de 2 de febrero de 1968, que obra en el Tribunal Unitario Agrario. No hay duda, pues, de que los comuneros que se asentaron en las 43 hectáreas dichas, ocuparon tierras de su legítima propiedad y no cabe, por tanto, ningún litigio en su contra, y menos una acusación de despojo. Su desgracia proviene de que el predio, tanto por su superficie como por su ubicación privilegiada, es un botín muy codiciado por fraccionadores y sus padrinos políticos, que lo han visto siempre como un pingüe negocio al alcance de la mano. Así se explica que, no bien los comuneros comenzaron a levantar sus humildes viviendas, apareciera, como surgido de la tierra, un grupito encabezado por un tal Julio Lugo que se dijo dueño legítimo del terreno y se quejó de despojo ante tribunales.  

            Y ocurrió lo de siempre: la justicia guanajuatense, ni tarda ni perezosa, se puso abiertamente de lado de los poderosos y dictó sentencia a favor de Julio Lugo y socios, ordenando la restitución del bien “a sus legítimos dueños” (¿¡) al mismo tiempo que eran detenidos y encarcelados los “líderes de los invasores”. Esto ocurrió entre febrero y marzo de 2009. Los comuneros consiguieron un amparo provisional; pero eso no evitó una catarata de amenazas de desalojo violento por parte del gobierno del estado. Primera amenaza: 20 de julio de 2010; segunda amenaza: 25 de mayo de 2011; tercera amenaza: 23 de abril de 2012; cuarta amenaza: 11 de junio de 2012. Alrededor de esta última fecha, el grupo amenazado buscó y obtuvo el apoyo y la asesoría del Movimiento Antorchista de Guanajuato, y así, uniendo fuerzas y argumentos, lograron que un juez, finalmente, ordenara el sobreseimiento del caso por la sencilla razón de que los demandantes no lograron acreditar su legítima propiedad sobre los terrenos reclamados.

            A partir de este hecho, la guerra de los falsos propietarios y sus padrinos incrustados en el gobierno de Guanajuato cambia de táctica y de blanco: se vuelcan de lleno contra la líder Antorchista de la zona, la compañera Soledad Pérez Pérez, acusándola de ser “la promotora” de la “invasión”, de fraccionamiento clandestino y de venta ilegal de lotes, además de estafar a los colonos cobrándoles una cuota semanal de diez pesos por persona. El sábado 2 de marzo del presente año, a través de un volante injurioso y lleno de falsas afirmaciones, convocan a reunirse “a todas las personas que han sido defraudadas por Soledad Pérez Pérez”; se aclara textualmente que “dicha reunión será en coordinación con la Presidencia Municipal” de Valle de Santiago. En esa reunión acuerdan firmar una petición al Gobernador “para la regularización de los lotes (???) y para poner un alto a este conflicto”. En una segunda reunión, celebrada el 9 de marzo, piden a los asistentes que denuncien “las estafas” de Soledad y acuerdan “buscar el momento” para subir (al predio) y provocar para que Soledad pueda ser encarcelada”. Pero lo más revelador es que nombran un “comité de comuneros” presidido por una tal Delia Martínez Medina y llevando como secretario a Sebastián Diosdado, con la encomienda única y precisa de demandar a Soledad Pérez “por despojo”. La maniobra no pudo ser ni más burda ni más descarada: como Julio Lugo y socios fueron desenmascarados exitosamente, los verdaderos interesados en el predio inventaron “nuevos dueños” en las personas de Delia Martínez y Sebastián Diosdado, “comuneros” traidores a sus compañeros que se prestan a la maniobra por treinta monedas, como Judas.

            Soledad contrademandó. Pero, para su sorpresa, la primera respuesta del abogado titular de la “mesa de conciliación” fue negarse a levantar la denuncia alegando que los cargos que ella esgrimía “no están tipificados como delito”, y exigió, además, que desalojaran la sala 70 campesinos que la acompañaban. Soledad insistió y, a regañadientes, el mismo abogado la envió a la Agencia II del MP de Valle de Santiago donde se instauró la averiguación previa 3522/2013. Al retirarse de la mesa de conciliación, todos oyeron claramente cómo el abogado dijo a su secretaria, en voz alta: “esto es resultado de que se va a restituir el bien a sus legítimos dueños”. Es decir, el asunto estaba ya resuelto en contra de los comuneros antes de haber, siquiera, abierto la averiguación que demandaban. La abogada del MP no fue más amable con los denunciantes; incluso los amenazó con una masacre, allí mismo, por parte de “sicarios” del crimen organizado, en caso de negarse a desalojar la sala, con lo cual dejó claro de qué lado estaba la justicia. El desalojo que aquí denuncio es el cumplimiento exacto de lo que entonces, y de ese modo, se anunciara claramente.

            Este atropello, una raya más al tigre de la “justicia” mexicana, no sólo es un despojo (este sí, sin ninguna duda) a los comuneros; no sólo es un cínico contubernio entre despojadores y autoridades; no sólo es un acto de barbarie y cobardía (cobardía y brutalidad son el fruto necesario de toda dictadura, dice el escritor alemán Erich María Remarque) contra Soledad Pérez y el Movimiento Antorchista de Guanajuato; es, además de todo eso, un descarnado acto de ceguera, sordera e insensibilidad sociopolítica sin nombre, del gobierno de Guanajuato, cometido contra cientos de familias sin vivienda gracias al abandono total en que las mantienen sus gobernantes desde siempre. Entró la policía a la colonia, golpeó, insultó y destruyó todo lo que pudo, dejando a la gente a la intemperie, en el más absoluto desamparo. ¿Y ahora qué sigue? ¿A dónde va a ir esa gente? ¿Cómo enfrentará su situación, ya de por sí desesperada? ¿Se resignará sin más a vivir en la montiña como alimañas salvajes y peligrosas? Si eso cree el gobernador de Guanajuato, habrá qué aclararle, con todo respeto, que el problema apenas empieza.