Las investigaciones sobre delitos cometidos servidores públicos repuntaron en Puebla ya que las denuncias que se iniciaron ante la Fiscalía General del Estado pasaron de 41 en marzo a 71 en abril, un aumento del 73.1 por ciento.

Acorde con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y abril se acumularon 219 carpetas de investigación por estos ilícitos relacionados principalmente con abusos de autoridad y hechos de corrupción.

Comportamiento irregular mes a mes

Las cifras de las denuncias por supuestos delitos que cometieron servidores públicos fueron irregulares durante el primer cuatrimestre de este año.

En enero se registraron 46 denuncias; en febrero, 61; en marzo, 41; para abril fueron 71 carpetas que promediaron dos denuncias diarias en la entidad.

Puebla capital concentra delitos de funcionarios

Aunque las investigaciones se distribuyeron en 62 municipios poblanos, la capital concentró la mayor cantidad de carpetas de investigación con 79 denuncias, el 36 por ciento de todos los casos. Debajo quedaron así.

• Atlixco: 15 denuncias
• San Andrés Cholula: 13 denuncias
• Amozoc: seis denuncias
• Cuautlancingo: seis denuncias

Hombres entre 30 y 60 años, principales víctimas

Los hombres de entre 30 y 60 años encabezaron la lista con 74 víctimas, lo que representó el 31.2 por ciento de la cifra total. En segundo lugar, aparecieron las víctimas no identificadas o sin datos específicos con 45 casos y posteriormente se ubicaron las mujeres de entre 30 y 60 años con 31 víctimas.

En total, los registros oficiales contabilizaron 237 víctimas relacionadas con denuncias sobre delitos que cometieron supuestamente servidores públicos.

Abuso de autoridad y corrupción

Los delitos cometidos por servidores públicos abarcan distintas conductas relacionadas con el abuso del poder y el uso indebido de recursos públicos.

Entre ellos destacan el cohecho, cuando un funcionario recibe dinero o beneficios a cambio de favorecer trámites o decisiones; el peculado, relacionado con el desvío de recursos públicos; y el enriquecimiento ilícito, cuando el patrimonio de un funcionario no corresponde con sus ingresos legales.

También se incluyen conductas como abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, situaciones en las que los funcionarios utilizan su cargo para beneficiar intereses particulares o perjudicar a ciudadanos.

(JRLM)