La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 11 aves silvestres durante un operativo realizado en días recientes en las comunidades de Octimal, Equitimia y Xocoyolo, en el municipio de Cuetzalan, Puebla, tras detectar ejemplares presuntamente comercializados sin acreditar su legal procedencia.
Sin embargo, los propietarios de las aves rechazaron las acusaciones y afirmaron que cuentan con documentación oficial para demostrar la legalidad de los ejemplares.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre inspectores federales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y personal del Área Natural Protegida “Kowtahyolo”. Durante la revisión de un inmueble, las autoridades localizaron aves confinadas en jaulas de madera y, de acuerdo con la versión oficial, en ese momento no se presentó la documentación requerida ni los sistemas de marcaje obligatorios, por lo que procedieron al decomiso y traslado de los animales.

Entre las especies aseguradas se encuentran dos calandrias de Baltimore, una calandria dorso negro mayor, una tangara dorsirayada y una clorofonia corona azul. También fueron localizados dos ejemplares de clarín unicolor y dos de clarín jilguero, especies catalogadas bajo Protección Especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010 debido a la vulnerabilidad de sus poblaciones en el país.

Las aves fueron trasladadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en la ciudad de Puebla, donde especialistas realizarán valoraciones médicas y mantendrán bajo resguardo temporal a los ejemplares mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Tras la difusión del caso, los involucrados emitieron un pronunciamiento en el que aseguraron que sí cuentan con permisos y documentos relacionados con las aves. Señalaron que dicha información será presentada ante las autoridades competentes para aclarar el procedimiento y deslindar responsabilidades dentro del proceso legal en curso.

Los propietarios expresaron inconformidad por el desarrollo del operativo.
Indicaron que desde el inicio manifestaron contar con documentación y advirtieron sobre los cuidados especializados que requieren las aves, particularmente por el nivel de estrés y alimentación específica que demandan algunas especies protegidas.

Los afectados también denunciaron haber recibido amenazas y ataques en redes sociales tras hacerse pública la noticia.

Además, pidieron respeto a la presunción de inocencia y solicitaron que el caso sea resuelto con transparencia, apego a derecho y priorizando en todo momento el bienestar de los ejemplares asegurados. (KR)