Desde 2020 se acumularon 173 quejas en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH Puebla) relacionadas con actividad empresarial y solo 16 lograron una solución durante el trámite, cerca del 9.2 por ciento del total.

Más del 90 por ciento de los casos presentados desde hace seis años ante la CDH Puebla no llegó a una resolución efectiva.

Respecto al resto de los 157 expedientes, una parte quedó sin avanzar por distintas causas: algunos siguen en trámite y otros no prosperaron por falta de interés. Otra proporción corresponde a expedientes en que la autoridad determinó la no violación a los derechos humanos.

Quejas respecto a actividad empresarial ante la CDH Puebla en 2025

Los datos más recientes mencionan que en 2025 se contabilizaron 10 quejas en relación sobre posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con actividad empresarial en Puebla.

Acorde con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), parte de las quejas más recientes no surgieron directamente de denuncias ciudadanas, sino de hechos documentados en medios de comunicación.

Un ejemplo es el expediente iniciado de oficio por la desaparición de un empresario en Tepeaca, caso que derivó en una queja donde incluso no fue posible determinar con precisión la autoridad responsable.

Situaciones similares ocurrieron con reportes sobre presunta extorsión a empresarios al interior de instancias de procuración de justicia.

Amenazas y límites legales

Otros expedientes muestran cómo algunos conflictos quedan fuera del alcance de la CDH Puebla, por ejemplo, una queja derivada de amenazas contra una empresaria y comunicadores en Tehuacán fue clasificada como conflicto entre particulares.

No siempre los casos pueden traducirse en una investigación formal por tratarse de disputas entre individuos y no de actos atribuibles directamente a autoridades e gobierno, que son los único que atiende la CDH Puebla.

Presuntas violaciones en entornos laborales

Entre los casos que sí involucran posibles violaciones a derechos humanos destaca la investigación sobre empresas que presuntamente explotan a personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del Estado, lo que se relaciona con el derecho al trato digno.

Además se documentó un señalamiento en el que trabajadores denunciaron revisiones corporales sin consentimiento por parte de policías estatales dentro de una empresa; el caso concluyó sin acreditar violaciones a derechos humanos.

(JRLM)