En Puebla las denuncias por actos de tortura no sólo se acumulan, también avanzan con lentitud, pues entre 2025 y los primeros meses de 2026 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) registró al menos 65 quejas por estos actos: el 86 por ciento corresponden a 2025 y el 14 por ciento restante a este año.

Sin embargo, la respuesta institucional fue limitada, ya que actualmente sólo 42 expedientes por tortura en Puebla continúan en trámite; es decir, dos de cada tres denuncias siguen sin una resolución definitiva.

Pocas resoluciones por casos de tortura en Puebla

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, del total de quejas sólo una derivó en la emisión de una recomendación, lo que representa apenas el 1.5 por ciento del total de los casos.

Esto significa que hubo una resolución dirigida a determinada instancia o autoridad para corregir una trasgresión de derechos humanos.

En contraste, varias denuncias se cerraron por distintas vías: 4 concluyeron por desistimiento de las personas quejosas, mientras que otros casos se archivaron por falta de interés o por considerarse que no hubo violaciones a derechos humanos.

También hubo expedientes acumulados, resoluciones por procedimientos durante el trámite y otras causas previstas en la normativa interna.

Fiscalía y Seguridad, los más señalados

Las instituciones más señaladas en estas quejas son la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública, que concentran 50 de las 65 denuncias por tortura en Puebla.

Sin embargo, los señalamientos también evidencian a otras autoridades estatales y municipales.

Entre ellas se encuentran:

• Ayuntamientos de Puebla, San Martín Texmelucan, Nealtican, Libres, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Tepatlaxco, Huauchinango, Chignahuapan y Chalchicomula
• Centros penitenciarios de Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Libres y la capital poblana
• Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Víctimas

Exigen cambio de mando tras denuncias de tortura

Ante los señalamientos de presunta tortura ejercida por dos custodios y el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán, familiares de personas privadas de la libertad exigieron que quien esté a cargo del reclusorio no sea designado desde la capital de Puebla.

Los familiares informaron que ya se iniciaron dos procedimientos legales ante la CDH Puebla y la FGE.

Juan José Olguín Trujillo, abogado defensor de Sergio e Israel, explicó que asumió la representación legal luego de que los familiares denunciaron que ambos internos fueron golpeados por dos custodios y por el director del penal, César Augusto Camacho Torres. (MCJ)