Durante una conferencia reciente en Florida, el especialista en gobernanza y cumplimiento César Román Mora Velázquez sostuvo que el debate sobre la lucha anticorrupción en México atraviesa un momento decisivo. No por tratarse de un tema nuevo en la agenda pública, sino por la coyuntura política que impulsa la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Según explicó César Román Mora, el principal riesgo es confundir el rediseño institucional con un cambio real en los incentivos y en la aplicación efectiva de sanciones.

El SNA nació con una ambición clara: coordinar instituciones, articular controles, homologar responsabilidades e incorporar a la ciudadanía en la vigilancia del poder público. Sin embargo, aunque su arquitectura normativa fue sólida en el papel, sus resultados han sido limitados en la práctica. El problema, señaló César Mora, no es la falta de leyes, sino la debilidad en la cadena que va de la denuncia a la sanción: investigaciones que no concluyen, procesos que se retrasan y recuperación de activos insuficiente. Cuando la responsabilidad final se diluye, el sistema pierde capacidad disuasoria.

En este contexto, la discusión de reformas al SNA abre una ventana de oportunidad, pero también exige rigor técnico. Reformar no siempre implica mejorar. Cambiar estructuras, concentrar funciones o renombrar organismos puede generar impacto político inmediato, pero no necesariamente modifica los espacios donde la corrupción se reproduce: contratación pública con baja trazabilidad, controles internos vulnerables y fiscalización sin consecuencias prácticas. Para César Mora, el foco debe ponerse en la ejecución y no solo en el diseño institucional.

Para ordenar el debate público, César Román Mora Velázquez propuso tres ejes de análisis: definir qué tipo de corrupción se busca reducir con métricas verificables; identificar qué eslabones institucionales fallan actualmente; y establecer quién asume el costo político de sancionar. Sin independencia funcional y operativa —subrayó— ningún sistema anticorrupción puede sostener credibilidad en el tiempo.

También recomendó observar modelos internacionales. Citó el caso de Hong Kong, que combinó investigación, prevención y educación cívica para elevar la probabilidad de detección y reducir oportunidades de conducta indebida. En paralelo, mencionó la experiencia de Estonia, donde la digitalización gubernamental disminuyó la discrecionalidad y aumentó la trazabilidad mediante contratación pública abierta por defecto, registros digitales obligatorios e interfaces de denuncia con seguimiento.

Como línea de adaptación para México, planteó la creación de un núcleo de integridad con mandato específico para intervenir procesos de alto riesgo —compras públicas, obra y permisos— apoyado en analítica patrimonial y programas preventivos permanentes.

El cierre fue una advertencia clara de César Mora: cualquier reforma anticorrupción en México será insuficiente si no garantiza protección efectiva a denunciantes y consecuencias visibles para infractores. La credibilidad institucional, concluyó, se construye con resultados verificables: sanciones ejecutadas, inhabilitaciones reales y recuperación del daño. Reformar el SNA debe ser un medio medible de mejora, no un fin declarativo.