Tras la inspección realizada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el relleno sanitario de Chiltepeque, el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, informó que, en caso de que la autoridad federal emita observaciones, la empresa RESA será la encargada de la operación del sitio, la responsable de atender y resolver cada uno de los señalamientos.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) sostuvo que el relleno sanitario opera con la reglamentación y normatividad correspondiente, al señalar que de no cumplir con los lineamientos establecidos las autoridades competentes ya habrían procedido a su clausura.

“Debemos decir que el relleno sanitario tiene muchos años de operación y cuenta con toda la reglamentación y la normatividad pertinente; de lo contrario, no estaría autorizada su utilización. Además, cuando existen inspecciones por parte de la Semarnat o de Profepa, si se emiten observaciones, la empresa tiene la obligación de cumplirlas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores”, expuso el funcionario.

Las declaraciones se dieron luego del bloqueo registrado ayer por habitantes de Santo Tomás Chautla y San Francisco Totimehuacan, quienes denunciaron el presunto desbordamiento de lixiviados en los cinco cárcamos del relleno sanitario, considerado el más grande del estado.

De acuerdo con Rodríguez Álvarez, la Profepa cuenta con un plazo de entre 5 y 15 días para emitir un dictamen derivado de la inspección.

En caso de que se determinen observaciones, la empresa RESA deberá atenderlas conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental.

El funcionario precisó que el relleno sanitario de Chiltepeque cuenta con un dictamen vigente correspondiente a 2024 y confirmó que el relleno concentra los residuos sólidos de al menos ocho municipios del estado.

Advirtió que una eventual clausura generaría una problemática mayor en el manejo de desechos en la región.

En cuanto a las movilizaciones, Franco Rodríguez señaló que en redes sociales comenzó a circular la versión de que el bloqueo podría estar relacionado con presuntos intereses políticos; sin embargo, no señaló directamente a alguna persona o grupo en específico.

Por su parte, Marciano Navarro Téllez, representante del grupo de pobladores que solicitaron la revisión del relleno sanitario, advirtió que, en caso de recibir una resolución desfavorable por parte de la Profepa, no descartan la implementación de otras acciones, entre ellas nuevos cierres viales. (MCJ)