El Frente Nacional para el rescate del Campo Mexicano (FNRCM) declaró que, pese a los ajustes realizados a la Ley de Aguas, durante su discusión, aún falta que se regularicen los pozos perforados en zonas de libre alumbramiento.

Baltazar Valdés, líder del Frente Nacional para el rescate del Campo Mexicano, dijo que “son 7 mil pozos estimados que quedarían desprotegidos en todo el país, más un número indeterminado de pequeñas perforaciones del sector ganadero, sobre todo en partes serranas, donde el agua es más escasa, que también sería motivo de sanciones porque quedarían sin registros. Estamos pidiendo que esto se agregue y si eso sucede, más o menos quedaríamos conformes”.

Desde San Lázaro, las bancadas del PAN y del PRI elevaron la voz para solicitar un aplazamiento inmediato de la votación, calificando el proceso como apresurado.

El coordinador priista Rubén Moreira enfatizó que las modificaciones incorporadas a la Ley de Aguas, son "insuficientes, ambiguas y cosméticas", insistiendo en que "no valen parches porque las cosas no van a salir bien con parches", de acuerdo con reportes.

Moreira demandó abrir espacios de diálogo con productores, industrias, organismos operadores y gobiernos locales, para evitar estigmatizar al campo y avanzar hacia una ley de consenso que equilibre el derecho humano al agua con el de la alimentación.

Por su parte, el diputado panista Paulo Martínez reveló que el dictamen de la Ley de Aguas sufrió más de 90 ajustes en comisiones, entre correcciones de redacción y cambios técnicos, pero persisten "deficiencias de fondo" que centralizan el control del recurso en la Federación, marginando a usuarios locales y exacerbando desigualdades regionales.

Bloqueos por inconformidad con la Ley de Aguas

Agricultores de Chihuahua, Baja California y Zacatecas protestaron el 3 de noviembre, cerrando cuatro puentes internacionales, casetas de cobro, carreteras federales y un tramo ferroviario, en rechazo a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

Estos bloqueos, que paralizan el comercio bilateral con Estados Unidos y el flujo vehicular interno, responden a la aprobación del dictamen en comisiones sin atender las demandas de los sectores.

Los productores denunciaron que la iniciativa pone en riesgo su acceso al agua para riego, amenazando la producción agrícola y el empleo rural.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, busca reestructurar la gestión del recurso hídrico, enfatizando su carácter de bien de uso público y prohibiendo la venta, herencia y transferencia de concesiones hídricas existentes.

Según el dictamen aprobado en comisiones, estas medidas pretenden evitar la especulación y garantizar el acceso equitativo al agua, priorizando el consumo humano y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, los sectores afectados argumentan que tales restricciones amenazan la viabilidad de sus operaciones, al limitar la flexibilidad en el manejo de derechos adquiridos durante décadas, lo que podría derivar en quiebres masivos en el sector primario y la industria

El portavoz de los manifestantes en Baja California, Horacio Gómez, lamentó que el avance legislativo ignore propuestas regionales acumuladas durante meses, lo que ha generado estas acciones de presión. (MCJ)