La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo particular el dictamen de reforma a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La votación, realizada después de las 10:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, registró 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, permitiendo que la iniciativa avance sin modificaciones hacia el Pleno para su discusión.

¿Qué es lo que proponen las reformas?

Esta reforma, que introduce alrededor de 50 modificaciones al marco normativo vigente desde 1992, busca transformar el acaparamiento y desequilibrio en el uso del agua hacia un enfoque de largo plazo que priorice la garantía de la vida humana, animal, vegetal, la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional.

Entre los ejes centrales se reconoce el acceso al agua como un derecho humano, con prioridad para el consumo poblacional, y se mantiene la prohibición de su comercialización o acaparamiento.

El recurso concesionado deberá destinarse exclusivamente al fin autorizado, y se establecen obligaciones para el tratamiento y potabilización del vital líquido.

Adicionalmente, el dictamen consolida el saneamiento obligatorio del agua como una medida fundamental para su cuidado, y crea un catálogo de delitos contra las aguas nacionales para fortalecer la regulación.

Respecto a los concesionarios, se preservan las transmisiones de derechos para agricultores y ganaderos, aunque surge ambigüedad entre el artículo 22, que estipula que los derechos en concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión, y el artículo 49, que permite la distribución interna en distritos de riego según reglamentos específicos.

Los argumentos en contra de los opositores

La oposición, representada por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) estuvieron en contra, argumentando centralismo excesivo que "da dientes" al dictamen y pone en riesgo el derecho humano al agua al equiparar títulos de asignación con concesiones para otros usos.

El diputado Francisco Pelayo (PAN) alertó sobre la falta de presupuesto para generar certeza jurídica, mientras que Miguel Sánchez (MC) señaló más de 54 correcciones realizadas, pero criticó que no se consideraran propuestas de sus bancadas y pidió un aplazamiento para "hacer equipo".

Por su parte, Tatiana Ángeles (Morena) celebró la aprobación como un paso contra el acaparamiento, asegurando que atiende demandas de la gente y no debe generar preocupación entre productores.

Fuera del recinto, el descontento se manifiesta con bloqueos y protestas de campesinos y organizaciones agrícolas, quienes rodearon San Lázaro exigiendo atención a sus peticiones sobre el uso del agua en riego y ganadería.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila (Morena), enfatizó que la mayoría de las demandas de los productores han sido atendidas, aunque quedan temas pendientes que se resolverán mediante diálogo permanente. (LV)