La Secretaría de Economía federal anunció que inspeccionará a distintas mineras que operan en México por posibles vínculos con el crimen organizado.

La investigación federal, coordinada durante los últimos seis meses, involucra a la Secretaría de Economía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El foco principal recae en las solicitudes de permisos de exportación, un mecanismo para detectar irregularidades.

Autoridades detectaron anomalías en este rubro, donde el mineral se convierte es un presunto vehículo para el lavado de dinero o el financiamiento ilícito.

En particular el análisis se concentró en el estado de Michoacán, epicentro de mineras especializadas en la producción de hierro y zona de alta conflictividad por disputas entre cárteles.

El hierro y la delincuencia organizada

Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía, confirmó los hallazgos en entrevistas.

"Muchas empresas que nos estaban pidiendo permisos de exportación de hierro tenían que ver con la delincuencia organizada", declaró el funcionario, por lo que implementaron una revisión para prevenir que el crimen organizado se infiltre en el sector extractivo.

Las indagatorias apuntaron a un rango de entre 10 y 12 compañías involucradas en este esquema, principalmente en Michoacán, aunque no se divulgaron nombres ni evidencias.

Empresarios del ramo expresaron inquietud, describiendo las nuevas políticas regulatorias como "obstáculos para operar con certidumbre".

Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni clausuras a las mineras mexicanas derivadas de estas investigaciones. (JRLM)