El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión con registró 95 votos a favor y 11 en contra ayer por la noche.

La también conocida como Ley General contra la Extorsión homologó a nivel nacional un tipo penal único contra el delito con penas de 15 a 25 años de prisión.

Esta nueva ley incluye agravantes que podrían elevar la condena hasta 40 años de cárcel, en casos específicos.

 Senadoras y senadores aprobaron, con modificaciones, la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

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— Senado de México (@senadomexicano) November 20, 2025

Las cárceles y penitenciarías de todo México tienen seis meses para implementar sistemas de inhibición de señales de celulares en sus recintos y ahora quedaron prohibidos dichos dispositivos electrónicos en reclusorios.

Trabajadores que violen la nueva disposición de la Ley General contra la Extorsión, que permitan el ingreso de teléfonos a las prisiones para el uso de reclusos, estarán en riesgo de obtener de seis a 12 años de prisión por el delito.

También habrá penas entre 10 y 20 años de cárcel para aquellos funcionarios que omitan denunciar extorsiones de las que sean testigos.

El dictamen que aprobaron los senadores en la Cámara Alta regresó a la Cámara de Diputados para que sus integrantes revisen las modificaciones que hicieron sus colegas legisladores.

En total el Senado hizo 21 cambios en 15 artículos e incluyó un nuevo transitorio; los ajustes fueron para aumentar las penas y castigos por extorsión, respecto a la propuesta original.

Debido a la nueva Ley General contra la Extorsión el Estado mexicano quedó obligado a crear unidades especializadas en investigación contera el delito en las fiscalías estatales y la General de la República.

Acorde con el dictamen contarán con policías y ministerios públicos capacitados específicamente para combatir dichos crímenes, además de que se establecieron medidas protectoras para las víctimas del delito.

Los senadores de todas las bancadas, opositores y oficialistas respaldaron la propuesta ya que consideraron necesario un marco jurídico contra el delito debido a que la extorsión es el tercer crimen de mayor incidencia en el país. (JRLM)

Con información de La Jornada, El Financiero y Proceso (JRLM)