La nueva titular de Transparencia para Puebla y sus Municipios, Isabel Carreón Ponce de León, fue la sucesora de la actual fiscal general Idamis Pastor Betancourt cuando esta dejó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para dirigir la FGE.

La abogada, quien se desempeñó como secretaría instructora de ponencia, fue designada en diciembre del año pasado como magistrada en funciones para sustituir a Pastor Betancourt en el TEEP.

Aunque todavía no está disponible su declaración patrimonial en la Plataforma Digital Estatal (PDE), en el Registro Nacional de Profesionistas aparece que Ponce de León egresó como abogada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2017.

La ahora exmagistrada estuvo en dicho cargo hasta que el 9 de abril, el Senado de la República no la ratificó y designó formalmente a Irma Josefina Montiel Rodríguez como la persona que ocuparía la vacante que dejó la fiscal general.

No obstante, la cámara alta sí ratificó el nombramiento del presidente del Tribunal, Israel Argüello Boy, por lo cual sí logró mantenerse en dicho puesto.

Meses más tarde, el 18 de agosto, en las redes sociales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se dio a conocer que Ponce de León estaría al frente del nuevo órgano de transparencia.

En este sentido, se debe destacar que el ente antes conocido como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) pasó a estar subordinado a dicha secretaría luego de que se homologó la legislación local con la federal.

Adiós Itaipue... bienvenida Transparencia para Puebla

El jueves 31 de julio, se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el decreto mediante el cual se establece el reglamento de Transparencia para Puebla y sus Municipios, marcando así la extinción del Itaipue.

De acuerdo con el decreto, este nuevo ente tendrá “carácter de autoridad especializada en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales”.

Entre sus responsabilidades está el “promover, difundir, vigilar y garantizar el cumplimiento de estos derechos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos del Estado, así como de las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad”, se lee en el POE. (MCJ)