El primer Centro de Mediación Jurídica de la Mixteca, inaugurado el lunes en el municipio de Atzitzihuacan, es un paso para saldar la deuda histórica con las comunidades indígenas, sostuvo Cevero Guerrero González, abogado de formación jesuita en la Ibero Puebla, quien será su director.

Cevero Guerrero, perseguido político en el sexenio de Rafael Moreno Valle cuando era estudiante de Ciencias Físico Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por su activismo por fraudes electorales y por oponerse abiertamente al gasoducto, ofrecerá asesoría jurídica y facilitará el diálogo entre las partes involucradas para llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios, evitando así la judicialización de los casos en procesos largos e inútiles.

Cevero Guerrero, quien fue torturado y procesado -considerado preso político en 2014-, destacó en entrevista con e-consulta que su formación jesuita será una prioridad en su ejercicio, pues buscará principalmente la promoción de la justicia social. “Quienes se forman con este perfil jesuita mantienen un compromiso por servir a los más vulnerables, luchar contra la injusticia y promover la reconciliación”.

“Gracias a la formación académica en Derecho que recibí de la Universidad Iberoamericana de Puebla y en la Universidad de San Diego California que me formó académicamente en Mediación Jurídica, hoy estoy feliz de poder acercar la justicia a los ciudadanos de mi municipio, Atzitzihuacan.

“Como egresado de la Ibero Puebla, me siento satisfecho y comprometido, porque la formación Jesuita nos invita a que impactemos en la sociedad con herramientas para poder contribuir con la paz social”, dijo.

Agradeció a la administración del Ayuntamiento de Atzitzihuacan por aceptar el proyecto, basado en la justicia alternativa, pues consideró que con este hecho empieza a saldarse una deuda histórica que se tiene con los pobladores de pueblos originarios que enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia.

Explicó que estas limitaciones les impiden la protección de sus territorios, recursos naturales y derechos colectivos, además de que existe falta de reconocimiento de sus sistemas normativos propios y la escasa representación en procesos de toma de decisiones, haciéndoles más vulnerables.

Un guerrero para su comunidad

Cevero Guerrero González fue perseguido y encarcelado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle por participar en movilizaciones para exigir al Tribunal Electoral el esclarecimiento de los comicios para elegir presidente municipal, en el cual resultara ganadora la priista Maricela Ramos Jiménez en 2014, y por oponerse a la instalación del gasoducto que formaba parte del Proyecto Integral Morelos.

Fue acusado de ser el actor intelectual de los movimientos que derivaron en un mitin en la autopista Siglo XXI -quizá la más importante movilización del municipio-. La policía estatal y municipal convenció a manifestantes de abandonar el bloqueo carretero con la oferta de una mesa de diálogo con el gobierno del estado, pero los habitantes que asistieron fueron emboscados por la misma policía. Esa noche fueron aprehendidas 20 personas, entre ellos Cevero Guerrero.

En foros, fue Cevero Guerrero el principal relator de lo sucedido y evidenció que en su mayoría los ciudadanos detenidos eran personas mayores de 60 años que fueron condenados por nueve delitos, entre ellos: golpes a granaderos, robo de su celular a policías, daños a la autopista y motín; además se les impuso una fianza de 120 mil pesos a cada uno, que resultaba impagable para los habitantes, por lo que fueron encarceladas, se les incomunicó y se les impuso ayuno por varios días.

“Me acusaron de ser actor intelectual, incluso aseguraron que yo llevaba armas largas. Me torturaron. Es una vergüenza para México que esto ocurra”, sostuvo en 2016 en un foro organizado por el Comité para la Libertad de Presos Políticos y contra la Represión Social de Puebla, organización formada por académicos, activistas, escritores, caricaturistas, actores y religiosos que se pronunció contra los delitos fabricados a ciudadanos por ejercer su derecho a la libre manifestación o a practicar alguna disidencia.

La académica Carolina González Barranco, representante del Comité, llegó a documentar más de 362 personas detenidas y procesadas en el estado por lo que se considera al morenovallismo el sexenio más represivo en Puebla. (MIG)