La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 497 millones de pesos que deben aclararse y que forman parte de la Cuenta Pública 2023 del Gobierno del estado, periodo que comprende el primer año de gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que sustituyó al difunto Miguel Barbosa Huerta.

La ASF detectó anomalías en proyectos integrales ejecutados en 2023 y que a decir del gobierno del estado se encuentra totalmente concluidos.

Se hicieron observaciones al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la primera por 120 millones de pesos destinados a la remodelación del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez.

Una segunda observación fue por 369 millones de pesos, y este caso fue también por la remodelación de otra cárcel, la de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

El tercer pliego de observaciones fue al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que tienen que ver con el financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria, en este caso fue por 7 millones de pesos.

Sobre el proyecto de rehabilitación de la cárcel de San Miguel, el informe detalla que no se presentaron los documentos que acreditan la terminación de la obra, así como datos en la bitácora de la construcción.

Mientras que sobre la rehabilitación del penal de Tepexi, la ASF precisó que no se encontró ningún documento que demuestre que se terminó la obra.

En el pliego de observación por 7 millones de pesos al Fondo de Aportaciones Múltiples, que se da a los estados para construcción de escuelas y mobiliario educativo, se señala, al igual que los casos anteriores, que no entregaron documentos que avalen la finalización de los trabajos educativos.

Gobierno de Puebla garantiza que solventará

El Gobierno del estado informó que la normalidad de cualquier auditoría es el hallazgo de observaciones que tengan que ser sustentadas como parte del proceso.

Agregó que no se puede considerar como algún tipo de daño al erario, sino algo que la autoridad auditora pide sea clarificado con el fin de no incurrir en algo indebido, de acuerdo con los supuestos de ley.

“Debe haber certeza plena de que la administración estatal solventará en tiempo y forma la información observada por la ASF”, concretó el gobierno. (MCJ)