La diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, para otorgar a las madres, aun en caso de muerte fetal o perinatal, el permiso de seis semanas de descanso antes de la fecha que se fije para el parto, y de otras ocho semanas después del mismo.

Además, se propone ampliar de tres a cinco días de descanso con goce de sueldo a los padres trabajadores, por muerte fetal o perinatal.

La iniciativa propone reformar el primer y cuarto párrafo del artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y fue enviada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su análisis y resolución correspondiente.

De la misma manera, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Estatal de Salud, para establecer dentro de las acciones de atención materno-infantil, el cuidado multidisciplinario y oportuno de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo los casos en los que haya muerte fetal o perinatal.

La iniciativa propone reformar la fracción I del artículo 56, el 57, las fracciones II, III y IV del 59; y adicionar un último párrafo al 56, y la fracción V al 59 de la Ley Estatal de Salud. Y fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis correspondiente.

Asimismo, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para reformar el artículo 45 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, para establecer que los gobiernos estatal y municipales promuevan y garanticen la práctica del deporte juvenil como medio para aprovechar el tiempo libre y contribuir así a la recuperación del tejido social. La iniciativa se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de que se realicen campañas permanentes de concientización sobre la donación de órganos, tejidos y células, así como fortalecer las acciones educativas para fomentar mayor sensibilización y participación de la sociedad.

La propuesta legislativa presentada por Riestra Piña pretende reformar la fracción VII del artículo 12, así como las fracciones IX y X del inciso B), la fracción XI del inciso C) del citado artículo y adicionar el artículo 109 Bis de la Ley Estatal de Salud. Fue dirigida a la Comisión de Salud.

A su vez, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Puebla, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla y la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer y fomentar el uso moderado, consciente, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, promoviendo acciones en el ámbito de la salud, la educación y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

El legislador propone reformar los artículos 28 fracción VII, 30 fracción VII, 33 fracción I, 78 de la Ley de Educación del Estado de Puebla; los artículos 48 fracción XV y 98 fracción XIV de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; y adicionar el artículo 71 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla. Para su estudio y dictaminación procedente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación.

Asimismo, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación y de Salud para que trabajen conjuntamente con para promover y llevar a cabo campañas permanentes de información, orientación y concientización a estudiantes de primaria, secundaria y bachiller, así como a padres de familia o tutores, sobre el uso moderado, consciente, seguro y responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. El exhorto fue dirigido a la Comisión de Educación.

Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para adicionar el artículo 101 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de armonizar la Ley local con la federal para que en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la investigación de un hecho que la ley señale como delito, se dé intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos; con el objetivo de salvar más vidas.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente. (MIG)