La construcción y concesión de locales en la Plaza Comercial Ameyal, ubicada en el auditorio municipal de Chignautla, ha provocado tensiones entre el actual gobierno y seguidores del exalcalde Aarón Bonilla, quien supuestamente habría otorgado 49 concesiones a allegados y familiares, algunas de las cuales fueron transferidas a exempleados municipales mediante prestanombres.

Por lo anterior, los afectados se reunieron con el edil Juan Toral Ramos, para solicitar la apertura de los establecimientos y obtener certeza jurídica del espacio, ya que los locales fueron construidos en un inmueble de propiedad del Ayuntamiento donde funcionan el DIF Municipal y otras oficinas de gobierno.

Alrededor de 20 personas se quejaron de que el exalcalde les entregó títulos de concesión en el inmueble al finalizar su mandato, el 9 de septiembre de 2024, justo un día antes de entregar el gobierno.

Además de haber sido adjudicada a la familia de Aarón Bonilla, la Plaza Comercial Ameyal presenta daño estructural grave, como cuarteaduras y grandes grietas, y no cuenta con los dictámenes de Protección Civil requeridos. El área tampoco dispone de salidas de emergencia ni ventilación adecuada, tal como establece la ley.

#AlMomento  Tras una reunión con representantes de los comerciantes del municipio de Chignautla que recibieron concesiones por parte del ex edil Aarón Bonilla para operar en locales de la plaza Ameyal, el actual presidente municipal, Juan Toral Ramos, mostró su disposición para… pic.twitter.com/VHuVfVwnNp

— Periódico e-consulta (@e_consulta) November 12, 2024

Como medida preventiva, los locales permanecen cerrados, lo que causó el descontento de los locatarios que adquirieron dichos locales. Estos comerciantes se reunieron con el actual presidente municipal, Juan Toral Ramos, para solicitar la apertura de los establecimientos.

La administración anterior otorgó 49 concesiones en un espacio de propiedad del ayuntamiento, de las cuales 20 fueron para empleados del gobierno saliente, según informaron las autoridades actuales.

Durante una reunión con los representantes de los comerciantes que recibieron concesiones, Juan Toral, informó que será posible validar dichas concesiones, pero solo después de revisar y garantizar su legalidad. Destacó que también debe hacerse un análisis estructural, previo a su apertura, ya que los locales no cumplen con las normativas de Protección Civil.

En un recorrido por el inmueble, este medio pudo confirmar que la construcción presenta grietas y cuarteaduras visibles, y que el acceso es limitado. Las fisuras son evidentes en el piso de la cancha deportiva, que coincide con la zona donde se ubican los locales.

Los locales de la Plaza Ameyal aún no están en funcionamiento. En caso contrario, la falta de seguridad, las salidas de emergencia y las fisuras estructurales representarían un grave riesgo para la integridad de los ocupantes y los clientes, advirtió Juan Toral.

El alcalde también informó que se revisó la sesión de cabildo en la que el gobierno anterior de Aarón Bonilla aprobó la concesión de los locales. En la sesión, el espacio se definió como Auditorio Municipal, y no como un mercado o plaza, lo que resulta incoherente, ya que no es legal ceder un espacio público a particulares, en especial si el área está destinada para actividades recreativas, culturales y deportivas.

Otra irregularidad detectada es el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de los locales comerciales. Ante los retrasos en los pagos, el nuevo gobierno suspendió el servicio eléctrico. Si la deuda no se regulariza, existe el riesgo de que la CFE suspenda no solo el suministro en esa área, sino también el alumbrado público de todo el municipio.

Además, se ha recibido notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por evasión de impuestos, lo que podría derivar en problemas legales para el municipio si no se resuelve.

​

Finalmente, locatarios y autoridades celebrarán una nueva reunión en los próximos días para abordar esta problemática. El presidente municipal destacó que respeta que los comerciantes hayan invertido gran parte de sus recursos en la compra de los locales, pero subrayó que, conforme a la ley, tiene 90 días para conformar un dictamen y notificar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las anomalías existentes.

 "No puedo prestarme a ese juego ni hacer caso omiso a esta situación. Hubo servidores públicos que se adueñaron de este tipo de locales y se debe dar continuidad [a la investigación]", concluyó Toral Ramos. (APP)