En su último año de gobierno y de vida, Miguel Barbosa Huerta dejó un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 447 millones 514 mil pesos, así lo revela el tercer y último informe de revisión de la Cuenta Pública 2022.

La información oficial revela que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en Puebla 15 anomalías para ser atendidas; lo más grave es que en 10 de esas observaciones se presume un probable daño o perjuicio patrimonial al erario público, que en total suma 447 millones 514 mil pesos.

Las otras cinco irregularidades detectadas son peticiones de solicitudes para aclarar, sin embargo, suman 646.4 millones de pesos.

Es decir que en total, el actual gobierno del estado debe responder y aclarar mil 093 millones de pesos que se ejercieron durante el último año en el que Barbosa Huerta gobernó Puebla.

Este martes 20 de febrero, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el último informe correspondiente al gasto público de 2022 y al mismo tiempo quedó disponible en el sistema de datos de la auditoria.

Las observaciones

La anomalía más grande que detectó la ASF fue por un monto de 265 millones 053 mil 098 pesos por la falta de evidencia documental del contrato con número OP/LPE172/SA/SI-20220196, del cual no se proporcionó información al respecto.

De acuerdo con los anexos de la ASF, este monto correspondía al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el cual se tomó para la realización de 45 obras.

Las otras nueve observaciones fueron por diversos montos de diferentes contratos que van desde los 75.5 millones hasta los 200 mil pesos.

La gran mayoría de los detalles que detectó la Auditoría Superior de la Federación fue por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

Es decir que no existió evidencia suficiente en la entrega de la prestación de los servicios, las entradas al almacén de las adquisiciones, los resguardos, los reportes fotográficos validados, los reportes de la instalación y la puesta en marcha de las adquisiciones y los títulos o escrituras que acreditaron la propiedad del Gobierno del Estado.

Solicitudes de aclaración

En el caso de las solicitudes de aclaración, la Auditoria solicita al gobierno estatal que presente la documentación relacionada a 256 millones 785 mil pesos que están vinculados al contrato que el gobierno firmó para el programa de fotoinfracciones.

En concreto, la ASF solicita la “documentación fidedigna y legible que permita identificar el cumplimiento del servicio integral contratado”.

Otra solicitud de aclaración que se realizó es por 222.2 millones por la ejecución del contrato número DABS/GESAL-179-362/SB/200/2022, ya que no fue proporcionada “la documentación suficiente, pertinente y competente”; en este caso, es referente a acciones de vivienda que se realizaron en durante 2022. (JC)