Los actos de corrupción por parte de las empresas poblanas para pagar menos impuestos, agilizar trámites, evitar multas o sanciones aumentó en cuatro años, aseveró Alejandro Guillen Reyes, director de Poblanos Contra la Corrupción e Impunidad y autor del libro “Anatomía de la Corrupción en Puebla 2024”.

En entrevista en el programa Cuchara Cuchillo Tenedor, Alejandro Guillén explicó que las empresas no sólo incurrieron en un acto de corrupción, sino también han sido víctimas de dicho fenómeno por parte de las instancias gubernamentales al momento de realizar un trámite.

Asimismo, el doctor abordó el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que declaró que si dicho órgano llega a desaparecer pondría en riesgo las actividades que emplean las instituciones públicas para contrarrestar esta situación.

Corrupción del sector privado aumentó de 2016 a 2020

Alejandro Guillén, explicó que la corruptela generada por las empresas durante 2016 a 2020 aumentaron, pues el motivo fue querer pagar menos impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En 2016, el 26 por ciento de las empresas instaladas en Puebla cometió un acto de corrupción.

A pesar de que las industrias pueden llegar a cometer corrupción, también son víctimas del fenómeno al momento de realizar trámites en alguna instancia pública, indicó Guillén Reyes.

“Puebla se encuentra entre las cinco entidades con el mayor porcentaje de cometer corrupción al hacer trámites públicos; y en el lugar número uno en la región centro”, destacó el entrevistado.

Además, Alejandro Guillén estimó que al año los poblanos gastan —en promedio— 2 mil 130 millones de pesos en actos de corrupción, como cobro de piso o “mordidas”, por decir algunos.

“No podemos hablar de cifras exactas, sino que son aproximaciones a los datos que tenemos sobre corrupción”, comentó Guillén Reyes, quien detalló que los 2 mil 130 millones son basados en una aproximación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

Corrupción en Puebla no sólo afecta al sector público, sino a la sociedad

A los poblanos les preocupa la corrupción, pues desde 2013 hasta 2023 consideraron que es el segundo problema que debe ser resuelto con urgencia en la entidad, detalla el análisis de Guillén.

A pesar de que el primer problema que debe resolverse es la inseguridad, la incidencia de los actos delictivos tiene que ver con la corrupción que hay dentro de las instancias de seguridad pública, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto del INEGI.

Incluso Alejandro Guillén argumentó que 83 de cada 100 poblanos consideran en que hay actos de corrupción en el estado por parte de instituciones políticas o gubernamentales.

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Para 2023, los poblanos consideraron que los partidos políticos, policías, diputados y senadores, la Fiscalía General del Estado, los jueces y magistrados, son los cinco sectores donde se comenten más actos de soborno.

Para contrarrestar la corrupción, Alejandro Guillén sugirió que se deben considerar tres factores: la democracia, el estado de derecho y la institucionalización.

“En la democracia, entre otras cosas, más allá del asunto de la competencia electoral hay una división de poderes para que se cumplan las leyes, pues si esas reglas no se cumplen, resultaría más fácil dar una mordida o sobornar a alguien”, comentó.

Desaparición del Sistema Anticorrupción pondrá en riesgo a la transparencia

Alejandro Guillén Reyes, señaló que la posible desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción afectaría gravemente la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

Guillén advirtió que, de desaparecer esta Secretaría, el Sistema Anticorrupción perdería su capacidad de exigir rendición de cuentas al Poder Judicial. Aunque el Consejo de la Judicatura se mantenga, ya no tendrá la misma fuerza para solicitar los documentos necesarios para revisar su gestión.

Si estas funciones se transfieren a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se corre el riesgo de que la vigilancia pierda independencia al estar bajo control del Poder Ejecutivo, por lo que tampoco se podría verificar que se realicen buenas prácticas para el combate de ello.

Otra preocupación expresada por Guillén Reyes es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al respecto, señaló que sin dicho organismo los ciudadanos verían limitado su acceso a información pública, lo que dificultaría la detección de irregularidades.

En el caso de la Secretaría Ejecutiva Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, desconoce si seguirá operando una vez que entre en funciones el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, pero espera que tenga la intención de que sea activo en estos temas. (PSR)