Shanik Amira David George, responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, visualiza falta de confianza y transparencia en el acceso a la información si desaparece el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) con las reformas a nivel federal al INAI.

En entrevista para e-consulta, explicó que este proyecto, que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha retomado la presidenta Claudia Sheinbaum, busca desaparecer este instituto para que forme parte de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que reemplazará a la Secretaría de la Función Pública.

Señaló que se están dejando muchos puntos en el aire, pues las facultades que tiene deben ser repartidas a otras autoridades, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral (INE), para vigilar a los partidos políticos en cuanto a publicación e información.

"No es que va a desaparecer el INAI, y no vamos a poder hacer solicitudes de información, eso se va a mantener, vamos a poder seguir preguntando, pero ahora no va a haber quién vigile o quién verifique o con quién nos podamos inconformar cuando nos contesten mal, cuando haya algún tipo de violación a nuestro derecho de acceso a la información", comentó.

A su consideración lo más preocupante es que, si bien se podrán realizar solicitudes de información, ya no habrá nadie que vigile que los sujetos obligados respondan de buena manera y no se viole el derecho de acceso a la información.

¿Cómo sería en Puebla si desaparece el Itaipue?

Este mismo escenario se viviría en Puebla con la desaparición del Itaipue que actualmente vigila a 340 sujetos obligados en la entidad, como las personas físicas y morales, fideicomisos, los 217 municipios, poder ejecutivo, etc.

Pues, de igual manera, deberá formar parte de la Secretaría de la Función Pública, o como se pueda llamar esta secretaría, y sus facultades también deberán ser repartidas a otros poderes e institutos.

"Cada sujeto obligado tendría que asumir su función de vigilarse, entonces tendrían que reformarse las leyes (...) Cada ayuntamiento tendría que modificar sus códigos reglamentarios en sus estructuras municipales para crear por lo menos una oficina o una institución al interior de su gobierno para asumir esta obligación", explicó.

Esto será caótico para algunos municipios que apenas cuentan con recursos y que tendrían que crear una oficina o instituto para autovigilarse en la publicación de su información, lo cual para algunos ya es complicado por sus condiciones.

En caso de que no puedan crear un área especial, se genera otro problema al no tener personas capacitadas para atender las solicitudes, pues utilizarán a trabajadores de otras áreas para realizar estas funciones.

"Un caso hipotético, para pedir el contrato de una obra, porque el contrato no está publicado en la página de transparencia por alguna razón, y la secretaría te dice ‘sí, aquí está el contrato que se imprimió, se escaneó y está súper borrosa y no la puedes leer’. Entonces ahí puedes asentar un recurso de revisión, pero sí es la Secretaría de la Función Pública o literal, la oficina de a lado que va a ver esto. ¿Qué confianza tenemos de que esta institución vaya a velar por la ciudadanía y no por proteger el interés del propio gobierno?", expuso.

Además de que genera desconfianza en que la secretaría realmente vea por el bien de la ciudadanía y no esté protegiendo los intereses del gobierno en turno, al ya no ser un organismo autónomo. (MCJ)