Luego que la minera Almaden Minerals reclamara una indemnización de 200 millones de dólares al gobierno mexicano por “afectar sus finanzas” al cancelarles la concesión para extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y 15 organizaciones más, solicitaron que en el juicio se consideren los daños que la minera canadiense causó al medio ambiente y derechos humanos del pueblo náhuatl del municipio.

En un comunicado difundido hoy, defensores del medio ambiente y organizaciones se pronunciaron por el proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en el que denunció su expulsión de la comunidad indígena y exigieron que las autoridades mexicanas consideren en este juicio las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que la empresa minera generó en el territorio.

“Las comunidades de la Sierra Norte de Puebla rechazamos este intento de Almaden Minerals Ltd. de seguir lucrando”, soltaron.

Defensores de la tierra y el agua expusieron el proceso en el que la minera, luego de ser expulsada por la Suprema Corte de la Nación (SCJN) en 2022, en un acto de reparación y defensa de derechos de las comunidades indígenas, revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía que habían afectado el derecho humano al territorio, a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento de la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla.

El 27 de junio, la minera canadiense Almaden Minerals recurrió al CIADI —mecanismo del Banco Mundial— invocando el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.

“Almaden Minerals Ltd. exige al gobierno mexicano una indemnización económica y ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.

“Hasta este momento las actividades de Almaden Minerals Ltd. en Ixtacamaxtitlán generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa”, acusaron defensores.

También señalaron que en un comunicado la empresa minera sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio denunciadas por la Unión de Ejidos a lo largo de estos 10 años de lucha, documentadas en Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las comunidades.

Señalan que autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible de realizarse en la región, debido a los múltiples factores impactados que potencialmente desencadenarían la pérdida del ecosistema.

En el pronunciamiento solicitan a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaria de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador) con base en el CIADI, que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.

También pidieron al Tribunal de Arbitraje del CIADI que facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente

Consideraron que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.

“Exigimos que nunca más un proyecto de extracción se imponga en nuestro territorio. Decimos ¡Fuera! a la minería tóxica en Ixtacamaxtitlán. Reiteramos que nuestro derecho humano a la libre determinación y el consentimiento debe estar por encima de los intereses de las corporaciones.

Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de lxtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, sostuvieron. (MCJ)