En el periodo que comprende de 2019 a 2023, la ciudad de Puebla se ubicó en el top 5 de municipios en todo el país en cuanto a linchamientos, con 239 incidencias. A nivel estatal, Amozoc y San Martín Texmelucan acompañan a la capital poblana como las regiones que más casos reportaron, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla).     

Tras un análisis de los casos, donde se resaltó la omisión de autoridades, la CDH Puebla emitió la recomendación general número 1/2024, dirigida hacia la Secretaría de Gobernación, la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Congreso del estado y 29 municipios, con el fin de instar a sus Ayuntamientos a seguir lo estipulado y evitar este tipo de acciones.

En dicho informe, se estableció que el estado de Puebla es uno de los que más casos de linchamiento registra, mientras que la ciudad de Puebla se ubica en el top cinco de municipios de todo el país en este tipo de incidentes, junto con Iztapalapa, Morelos, Xochimilco y Toluca.

El informe también indica que son 29 municipios en Puebla los que acaparan los 453 casos, por los que se iniciaron 72 expedientes de queja, de los cuales por apenas 12 se activó el protocolo de linchamientos.

Sin embargo, en 19 casos los linchamientos se consumaron, es decir que, la turba provocó la muerte de las personas señaladas. En el acumulado de los cuatro años se sabe que las personas agredidas fueron 115 hombres y 5 mujeres, sin especificar cuántas de ellas fallecieron.

Algunas de las demarcaciones donde se han registrado los linchamientos son:

• Amozoc
• Puebla capital
• San Martín Texmelucan
• Acajete
• Tlahuapan
• Tecamachalco
• Amozoc
• Atlixco
• Huejotzingo
• Huauchinango
• Tlacotepec
• San Andrés Cholula
• Cañada Morelos

Puebla capital, con más de 200 casos

Sin embargo, es la capital poblana la que encabeza los incidentes, con un acumulado de 239 en cuatro años. De manera desglosada en 2019 se contabilizaron 130 hechos, en 2020 67, en 2021 39, en 2022 3 y en 2023 ninguno.

De acuerdo con los registros, los motivos que se argumentaron para cometer los linchamientos fueron robos, secuestros, allanamientos, riñas, tentativa de homicidio, portación de arma de fuego y cateos.

Ante esta situación, Félix Cerezo Vélez, titular de la CDH Puebla, mencionó que la recomendación tiene el objetivo de instar a las autoridades a realizar campañas de concientización y activar un registro estatal donde se contabilicen estas acciones, un manual de procedimientos para evitar los linchamientos (dirigido a la Policía Estatal) y legislar para que el “linchamiento” quede tipificado y deje de ser considerado como un homicidio tumultuario.

Linchamiento de cuatro hombres en Coyula, bajo investigación

Debido a que en dicho informe no se contemplan los dos últimos linchamientos registrados en el estado este 2024, Félix Cerezo Vélez fue cuestionado acerca de las acciones que se realizan desde su organismo por los hechos ocurrido en San Jerónimo Coyula, Atlixco, donde la población linchó a cuatro personas acusándolas de robarse un vehículo.

Cerezo Vélez reveló que personal de su organismo logró entrevistar a la mujer que sobrevivió a la turba aquella tarde-noche del 11 de junio.

“En ese caso nosotros hicimos una queja de oficio, nos presentamos con la mujer secuestrada y liberada por la población, le dictamos medidas de protección para salvaguardar su integridad porque es un testigo, pero a la vez fue parte de la mecánica donde privaron de la vida a las otras cuatro personas”, señaló Cerezo Vélez.

El presidente de la CDH Puebla señaló que parte de las acciones que desde la CDH solicitaron fue un informe del actuar del presidente de la junta auxiliar de Coyula para saber su actuar, saber si pidió auxilio a la alcaldesa de Atlixco o apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De igual forma Félix Cerezo mencionó que tienen entendido que ante este linchamiento se pidió la intervención de la Guardia Nacional y refirió que tenían la capacidad de intervenir para evitar este linchamiento y no lo hicieron.

“Aclaro que no estamos investigando el delito, sino la violación a los Derechos Humanos de las personas que fueron privadas de la vida, o el por qué no actuó de manera oportuna las autoridades que intervinieron”, finalizó. (MCJ)