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Puebla fue segundo lugar de las entidades federativas que renovaron gubernatura en cuanto a hechos violentos. Los ataques fueron contra candidatos, familiares de aspirantes, integrantes de partido y autoridades electorales con 38 casos, esto durante el proceso electoral federal y local, es decir de marzo a junio.

De acuerdo con el informe de Votar entre balas: entendiendo la violencia político-electoral, que desarrollaron en conjunto Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, el municipio de Puebla fue el que concentró la mayor cantidad de ataques, con seis hechos violentos en los meses de campaña y la jornada electoral.

El informe aglutina diferentes tipos de actos violentos, tales como atentados, secuestros, asesinatos, amenazas, ataques armado a funcionarias, candidatos, autoridades de elección popular, fuerzas de seguridad fuera de combate, familiares e integrantes de partido en el periodo mencionado.

En comparación con las otras entidades que renovaron gubernatura, la poblana se posicionó en segundo lugar, sólo detrás de Chiapas, pues en ese estado se reportaron 41 casos.

En cuanto a algunos de los casos que ocurrieron en la entidad poblana estos se distribuyen de la siguiente manera:

• 6 amenazas
• 6 secuestros
• 2 asesinatos
• 3 atentados
• 2 ataques armados

Asimismo, de los 38 casos que ocurrieron en Puebla durante el periodo electoral, seis acontecieron en la capital poblana. Además, el reporte detalla que la entidad agrupa el 1.98 por ciento de las víctimas en todo el país.

Por otra parte, en estos hechos violentos aparecen los municipios de Cuetzalan con 5 casos, Tehuacán con 2 víctimas, además de demarcaciones como Acatzingo, Chignahuapan, Venustiano Carranza, entre otras.

La violencia en los últimos tres procesos electorales

El estudio presenta, en general, datos que comprenden de 2018 y hasta el 16 de junio de 2024, es decir, tres periodos electorales.

De acuerdo con los datos de la herramienta periodística, en este tiempo se han registrado en México 1999 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.

“En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”, resume el informe de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político. (CR)