Mas de una decena de organizaciones indígenas alertaron que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Puebla que podría ser aprobado por el gobierno de Puebla, presenta potenciales violaciones al derecho al medio ambiente sano con la presencia de industrias mineras y de extracción de hidrocarburos, además de fomentar el cultivo de agave mezcalero, que promueve el monocultivo.

El Consejo Tiyat Tlali, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Consejo Regional Totonaco, la organización Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Agencia Timomachtikan, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Movimiento Atzin, Servicios Ambientales Amelatzinhualajtoc, la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhuac, Unión de Cooperativas Tosepan, Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, Colectivo Tajpianij, Consejo Maseual Altepetajpianij, el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla alertaron que este plan estatal podría profundizar los daños socio ambientales que ya existen en el estado y denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, llevó a cabo una simulación de consulta pública con diez personas, con la que pretende validar el programa.

“Se ha llevado a cabo una simulación, no ha asegurado condiciones adecuadas de información y difusión entre la ciudadanía, menos aún en zonas donde habitan pueblos originarios.

“Son los ayuntamientos municipales los principales entes públicos en condiciones de determinar las políticas y usos de suelo en sus territorios, y es indignante la forma en la que se pretende pasar este ‘anteproyecto’ que ni por lejos es de conocimiento de los ayuntamientos, menos del público. Pues su deficiente estrategia de comunicación generó reuniones de ‘consulta pública’ con 10 personas para ¡una región completa!”

Este 7 de mayo, las organizaciones indígenas entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, observaciones y cuestionamientos al Anteproyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y alertaron la intención del gobierno de aprobarlo, pues se violentarían los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación, así como el derecho al territorio y a la libre determinación de los pueblos originarios.

“Denunciamos que este programa de Ordenamiento Ecológico Estatal establece políticas y regulaciones para el uso de suelo en varios municipios del estado que presentan inconsistencias, vacíos y en algunos casos potenciales violaciones a nuestros derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la salud, pues avalan procesos extractivos en lugares como Zacatlán y Libres que ya tiene fuertes impactos negativos sociales y ambientales. Llegan al extremo de hablar de mantener la minería “sustentable” en el estado, cuando se cuenta con información científica que prueba que la minería sustentable no es posible. Todo proceso minero genera daños ambientales, a la salud, al tejido social comunitario y es acompañado de procesos de incremento de la violencia”.

En su pronunciamiento denuncian que el documento no es claro en cómo avanzar en los programas de manejo forestal desde las diferentes políticas de preservación, conservación, restauración, aprovechamiento y sustentable, considerando que en el estado de Puebla existen bosques en propiedad social.

“Llama la atención en el anteproyecto del Programa de ordenamiento estatal la promoción que se pretende hacer del cultivo del agave mezcalero en el estado, cuando dicho cultivo ha generado graves problemas característicos de todo monocultivo en zonas de Oaxaca y el sur del estado de Puebla: pérdida del agave silvestre por sobreexplotación, deforestación, incremento de plagas, que lleva a un uso intensivo de agroquímicos, la producción de desechos que degradan los recursos hídricos, así como una mayor erosión del suelo”.

Las organizaciones sostienen que un ordenamiento ecológico estatal debería proponer políticas y regulaciones de uso de suelo que bajo el principio precautorio prevengan el daño ambiental de la minería a gran escala, de la extracción de hidrocarburos convencional y con fracturación hidráulica, y sentar las bases para la producción de alimentos, la conservación y regeneración de territorios, no propiciar monocultivos. (MCJ)