La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciaron una investigación formal contra el exministro Arturo Zaldívar por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, extorsión y otros hechos.

Según lo informó el periodista Arturo Ángel, en la indagatoria también están vinculados otros funcionarios y exfuncionarios cercanos al extitular del máximo tribunal de justicia, como la exprocuradora Arely Gómez, quien recientemente asumió el cargo de auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el exsecretario de la presidencia de la Corte, Carlos Alpízar Salazar y el extitular del IFCOM, Edgar Manuel Bonilla del Ángel.

"Los brazos operadores de Zaldívar para ejercer estos actos ilícitos, de acuerdo con la denuncia, fueron la referida excontralora Arely Gómez, así como el magistrado Jaime Santana Turral, quien estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF", señaló el periodista.

De acuerdo con lo reportado por Arturo Ángel, la titular de la Suprema Corte, Norma Piña, ordenó el inicio de la indagación numero J/108/2024 tanto al CJF, como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN.

En este sentido, se informó que Zaldívar habría violado la independencia y autonomía de muchos funcionarios de la justicia con el objetivo de “satisfacer intereses personales o de terceros”.

Por su parte, el documento publicado en el medio Notitia Criminis detalla que también hubo un ejercicio de presión sobre representantes de entidades jurisdiccionales con la finalidad de que tomaran decisiones a favor de sus intereses, a cambio de favores políticos, económicos, cargos o adscripciones favorables.

Al parecer, más de 50 magistrados y jueces aceptaron resolver temas administrativos, civiles y penales con las condiciones que les habían indicado, a la vez que presuntamente hubo una colaboración por parte de Carlos Alpízar Salazar, que le trajo beneficios políticos y “grandes sumas de dinero; es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.

Zaldívar se defiende: “tiene una intencionalidad política”

Luego de darse a conocer el inicio de la investigación contra Zaldívar, por parte de la presidenta de la SCJN, el exministro afirmó que la aprobación de la queja vulnera las normas y precedentes, ya que se ha establecido que las denuncias que no aportan pruebas no son admitidas; sin embargo, que en este caso fue aprobada la investigación contra muchos funcionarios sin tener en cuenta el principio de presunción de inocencia.

“Se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno de López Obrador”, señaló el expresidente de la SCJN.

Asimismo, el exfuncionario mencionó que para él “esto tiene una intencionalidad política muy clara” y podría ser una revancha contra la Cuarta Transformación (4T) o un intento de desprestigio porque se está vulnerando el tratamiento sigiloso y secreto de estas quejas.

“Se publicitaron, se mandaron a todos los medios y a las redes desde la presidencia de la Corte. Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa”, agregó.

De acuerdo con Zaldívar, el inicio de esta investigación representa un intento de participación en la contienda electoral 2024 porque la entidad ve un escenario problemático “en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios”.

“Nunca se había abierto una investigación así […] nosotros haremos nuestra defensa técnica, política y mediática porque, reitero, me parece increíble que se trate de manchar la trayectoria de tantas personas”, concluyó. (JC)