La opacidad del gobierno de México ante las desapariciones forzadas y el resguardo de información vital ha vulnerado derechos humanos y obstaculizado las investigaciones, así lo señaló Shanik David George, investigadora de la Universidad Iberoamericana.

Lo anterior se dio a conocer en la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia por Shanik Amira David George, quien es Responsable del Observatorio "Con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad" del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la IBERO Puebla.

De acuerdo con la investigadora, se evidenció la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) al realizar una solicitud de acceso a la información que generó datos incompletos por parte del organismo.

El 21 de agosto del 2023 se presentó una solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dirigida a la FGR, donde se solicitó un desglose del número de víctimas mujeres reportadas como desaparecidas del 2019 al 2023.

Asimismo, se solicitó por año la edad de las víctimas, el estatus actual de la denuncia y si esta desaparición está relacionada con otro delito, que puede ser la trata o trabajos forzados.

Sin embargo, la respuesta obtenida por parte de la FGR a la solicitud arrojó y evidenció la falta de interés o información al respecto; por lo que en cualquiera de los casos la fiscalía quedó mal parada en relación con su trato a estos delitos.

“Tanto a nivel nacional como en las entidades federativas se han identificado negativas sistemáticas para responder solicitudes relacionadas con este tema”, sentenció David George.

La respuesta inicial de la FGR ante la solicitud de la investigadora llegó un mes después y de forma incompleta, pues sólo señalizó el número de desapariciones y ofreció distintos rangos de edad para cada año, es decir, omitió información.

Por ello, la maestra de la Universidad Iberoamericana Puebla generó un recurso de revisión ante Instituto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y fue así como la fiscalía general generó una respuesta más amplia.

Este nuevo documento tampoco contaba a detalle la edad de las víctimas, pero se logró obtener los registros por años, así como descubrir que las 139 denuncias representaban a un total de 162 víctimas.

Así la maestra concluyó que este resultado evidenció que la FGR no quería brindar información concreta al respecto, violando así derechos e incluso incumpliendo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La ley dicta que las solicitudes generadas deben turnarse a los organismos competentes que cuenten con la información y competencia y a su vez, se realice una búsqueda exhaustiva.

Sin mencionar que el delito de desaparición forzada es una grave falta a los Derechos Humanos, por lo que la información no debe ser clasificada como reservada y debe regirse sobre un principio de máxima publicidad.

La autora recordó que este delito genera víctimas directas e indirectas que tienen derecho a la verdad sobre los casos, así como la sociedad en general, por tratarse de una grave violación de los derechos.

Por último, señaló que en los últimos años se ha generado un incremento de la desaparición forzada de mujeres e indagó que debido a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se infiere que cada vez hay más servidores públicos relacionados directa o indirectamente con estas desapariciones.

En el caso de Puebla, la Universidad Iberoamericana dio a conocer los resultados del estudio Situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022, de donde se obtuvo que el estado ocupó el quinto lugar en trata. (MCJ)