El Instituto Nacional de Migración (INM), en Tijuana, determinó “separar de sus funciones” a los agentes involucrados en el presunto secuestro de migrantes, quienes están en investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, los dos funcionarios -Marte Antonio Camacho y María Elizabeth Paredes- fueron arrestados el 29 de febrero en medio de un operativo de la FGR en una casa de seguridad, que, al parecer, utilizaban para el secuestro de migrantes.

Durante el operativo, los elementos de la Fiscalía encontraron un millón 90 mil pesos y 27 dólares en efectivo, cartuchos y cuadernos con presuntos cobros que los uniformados realizaron a migrantes. Por lo anterior, los elementos detuvieron a los agentes, pero el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz dio la orden de una liberación inmediata.

Según el INM, Camacho estuvo a cargo del centro de detención migratorio de Tijuana por más de 10 años, y “estaba asignado a la garita ‘El Chaparral’”; mientras que Paredes “realizaba funciones administrativas en la Oficina de Representación”.

Detienen a funcionarios del INM en Tijuana

El 29 de febrero, elementos de la Policía Federal Ministerial llevaron a cabo una orden de cateo en la zona residencial de Santa Fe; en Tijuana, Baja California, donde al interior de un inmueble, investigado por presunta relación con el tráfico de personas, encontraron a dos funcionarios del INM.

Marte Antonio Camacho y María Isabel Paredes fueron los agentes detenidos en medio de la operación, que, según datos de Zeta Tijuana, inició a las seis de la mañana.

Los dos uniformados fueron llevados a la delegación encargada de la FGR y luego fueron presentados ante un juez por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; sin embargo, el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz, tomó la decisión el 2 de marzo de dejarlos en libertad de manera inmediata, ya que detectó una serie de “irregularidades” en el proceso de detención.

De acuerdo con Zeta Tijuana, Cortés Ortiz afirmó que hubo una “demora en la presentación de pruebas”, pues la inspección finalizó el 29 de febrero a mediodía y el acta fue entregada alrededor de las seis de la tarde. (MIG)