A tres días de la agresión a colectivos ciclistas tras una manifestación en la Vía Atlixcáyotl, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH Puebla) sigue sin emitir un comunicado para intervenir en el conflicto del viernes 9 de febrero.

Sin embargo, la CDH presentó en enero una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con la finalidad de eliminar algunos artículos, cuestión que fue calificada como un retroceso y violación a una movilidad segura.

A pesar de que hubo golpes y empujones contra los activistas que protestaron en el crucero de la Vía Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU), para exigir seguridad vial para peatones y ciclistas, el organismo defensor de los derechos humanos no ha externado algún mensaje al respecto.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la CDH “se está llevando a cabo la investigación de oficio por los hechos ocurridos”; sin embargo, los colectivos señalaron que no han sido contactados para poder brindar más información al respecto.

Incluso el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseveró que la protesta fue planeada por un interés de sacar "raja política" de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Colectivos lamentaron impugnación de Ley de Movilidad

El 18 de enero, las organizaciones promotoras de la seguridad vial calificaron como "inaceptable e inadmisible" el acuerdo con el expediente 1/2024 promovido por Félix Cerezo Vélez, donde se pidió que se declare la invalidez de varios artículos de la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso local en noviembre del 2023.

"Es inaceptable que un organismo de defensa de los derechos humanos actúe contra la regulación y legitime conductas que en nuestro país causan la muerte a 16 mil personas cada año, provocando profundo dolor a familias, y afectando directamente a nuestra niñez", señalaron en el escrito.

Incluso en aquella ocasión señalaron que era “increíble e indignante” que una institución creada para garantizar derechos sea quien actúe para violentarlos. (MCJ)