La madrugada de este miércoles 24 de enero, los ocho militares que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa fueron puestos en libertad, luego de que una jueza de distrito aprobara que pudieran continuar el juicio en libertad.

Antes de abandonar la prisión del Campo Militar A-1, los ocho implicados cumplieron con las medidas cautelares que impuso la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien ordenó el pago de una garantía de 50 mil pesos para cada uno, así como la entrega de su pasaporte.

Los militares, quienes podrán llevar su proceso penal en libertad por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, salieron de la prisión luego de que el pasado 20 de enero se establecieran las nuevas medidas para la continuación de su proceso.

Asimismo, otra de las medidas que estableció la jueza de distrito es que deberán presentarse ante el Ministerio Público a firmar el libro de procesados todos los días 1 y 16 de cada mes, luego de determinar que el riesgo de que huyeran del país era mínimo.

La jueza Duarte Cedillo también estableció que los militares tienen prohibido salir del país, así como acercarse al estado de Guerrero, en donde ellos fueron parte de un convoy durante y posterior a la desaparición de los normalistas.

Asimismo, los imputados no podrán convivir, acercarse o siquiera tener comunicación con víctimas y testigos protegidos del caso, siempre y cuando no afecte su derecho de defensa, es decir, sólo en instancias legales podrán tener contacto con ellos.

Los nombres de los militares que fueron puestos en libertad son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los ocho militares habrían estado en la nómina del grupo delincuencial Guerreros Unidos, el cártel al que se le atribuye la desaparición de los 43 estudiantes.

Cabe recordar que el día de ayer, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta que envió a la ministra Norma Piña en la que advertía del riesgo de fuga que implicaría la liberación de los militares. (JC)