El extitular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Puebla, Bernardo Arrubarrena García, dejó al menos dos pendientes al presentar su renuncia al gobierno municipal: la instalación de arcos de seguridad y la aclaración sobre la desaparición de 2 mil vehículos del corralón que se habían vendido como chatarra.

La salida de Arrubarrena García se concretó el 30 de diciembre del 2023, fue el primer funcionario que dejó el cargo tras la salida del entonces alcalde Eduardo Rivera para buscar la gubernatura de Puebla.

El principal pendiente que dejó Arrubarrena fue la creación de un sistema de video vigilancia integral para la ciudad el cual el mismo lo anunció en marzo de 2022.

El exsecretario puso a funcionar el programa "Componente de Proximidad”, antes conocido como “Ventanas Ciudadanas”. Sin embargo, los arcos de seguridad que estarían en las entradas-salidas y principales vialidades del municipio de Puebla, nunca se pusieron en marcha.

De hecho, de acuerdo a lo expuesto por Arrubarrena, debían empezar a operar en 2023, con una inversión de 50 millones de pesos, pero el Ayuntamiento nunca hizo pública su instalación.

El proyecto consistía en un cerco de videovigilancia en las entradas y salidas de la ciudad y principales avenidas, el cual estará conectado a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI).

La finalidad era que a través de esa plataforma se pudiera hacer un sistema integral de monitoreo que permitiera la lectura de placas y rostros para que puedan atender los llamados de emergencia y se tenga un registro de quién entra y sale de la capital poblana.

Chatarra nunca se entregó a empresa

Otro de los pendientes fue el destino de los 2 mil 111 unidades vehiculares chatarra que faltaron por entregar a la empresa Sánchez&Sánchez Asesores SC.

Desde agosto de 2022 se inició un proceso de descacharrización de 5 mil 602 vehículos, infraccionados del año 2000 hasta el 2018; sin embargo, la consultora Sánchez&Sánchez Asesores no concluyó con el proceso debido a que no coincidía con lo reportado, por ello sólo se entregaron 3 mil 491. La firma tenía que pagar un monto de 23 millones 458 mil 285 pesos.

Fue hasta el 11 de abril del 2023 cuando el caso salió a la luz pública, luego de que en entrevista con medios de comunicación el titular de la Secretaría de Administración señaló que había un faltante de autos chatarra.

En octubre del 2023 Arrubarrena García aseveró durante su comparecencia que las 2 mil 111 unidades restantes están perdidas, ya que no se encuentran en el depósito oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal.

En aquella ocasión indicó que el 38% de las unidades vehiculares destinadas para su destrucción se encuentran desaparecidas, por lo que fue presentada una denuncia ante la Contraloría municipal, que corresponde al procedimiento Q77/2023.

Hasta el momento el ayuntamiento no ha informado sobre cómo va el proceso de descacharrización, así como el faltante de algunas unidades detectado por el extitular de la Secretaría de Administración.