El contrato del proyecto ejecutivo para la construcción de la nueva sede del Congreso de Puebla, que costó 26 millones 320 mil pesos, está bajo auditoría, así respondió la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado a una solicitud de información.

La auditoria implica que el conjunto de planos en los que se están las especificaciones técnicas y de diseño para realizar la obra, se encuentra clasificado como información reservada hasta por cinco años.

“No es posible otorgar a usted la información requerida, toda vez que ésta forma parte de una auditoría vigente, en ese sentido me permito informar que se clasifica como reservada”; explicó Infraestructura en la solicitud de información 210423523000167 hecha por e-consulta.

Para la elaboración del conjunto de planos del nuevo Congreso de Puebla, el gobierno del estado destinó en seis meses, dos pagos, de acuerdo con la información de la cartera de programas y proyectos de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).

El primero fue de 9.5 millones de pesos y corresponde al segundo trimestre del 2023. Durante el tercer trimestre del 2023, de julio a septiembre, se hizo una segunda transferencia por 16.7 millones de pesos, lo cual está reflejado en los documentos de la Dirección de Seguimiento a la Inversión de la SPF.

La suma de ambas cantidades devengadas es de 26 millones 320 mil 624 pesos por la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la nueva sede del Congreso del Estado de Puebla en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, misma que aún no ha sido terminada y se espera que concluya en septiembre del 2024.

Por otra parte, la inversión estimada para edificar la nueva sede del Congreso local es de más de 700 millones de pesos y hasta el tercer trimestre del 2023 se han pagado 125 millones 745 mil pesos.

Documentos en reserva del Nuevo Congreso de Puebla

Otro documento relativo a la nueva sede del Congreso de Puebla que se encuentra bajo reserva es el contrato de compra-venta del terreno de los fuertes de Loreto y Guadalupe, ya que el Banco de Tierra afirmó cuenta con una auditoría iniciada en abril de 2023.

La empresa que le vendió el terreno al Gobierno de Puebla fue Inmobiliario 2015, cuya socia es la mamá del diputado local Jorge Estefan Chidiac.

Ahora bien, sigue siendo un misterio el nombre de la empresa que se encarga de la obra del poder legislativo poblano, ya que éste no se encuentra alojado dentro de la base de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).