El pasado jueves 18 de mayo el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró en rueda de prensa que “el gobierno actuó en plena legalidad y conforme a derecho en la adquisición de predios o inmuebles para utilidad pública”, esto tras conocerse que la administración que encabezó el fallecido Luis Miguel Barbosa había pagado 85.6 millones de pesos por un terreno que le vendió Michelle Chidiac Aca, mamá del diputado local Jorge Estefan Chidiac.

Aunque desde un mes antes, a mediados de abril, la Secretaría de la Función Pública del estado, encabezada por Juan Carlos Moreno Valle Abdala, había iniciado una auditoría para revisar la legalidad de la compra-venta.

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#AlMomento ||  Defendió @LaloCastilloLop la necesidad de construir el Nuevo Congreso de #Puebla y recalcó que los contratos se efectuaron de modo legal.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 8, 2023

Esa fue la respuesta que ofreció el Banco de Tierra a la solicitud de información en donde se le pedía hacer público el contrato de compra-venta entre el organismo público y la empresa Inmobiliaria 2015, cuya socia mayoritaria es la mamá de Estefan Chidiac.

Razón por la cual el Banco de Tierra clasificó como reservado por tres años el contrato de compra-venta, pues de hacerse público “podría obstruir las actividades de verificación, inspección y auditorías relativas al cumplimiento de las leyes”.

De acuerdo con el organismo gubernamental, el 17 de abril del año en curso recibieron la notificación de la SFP del inicio de la auditoría, mediante la cual se revisarán, de manera general, los procesos de adquisición de tierras, terrenos, predios, urbanos baldíos; y en particular la compra a Inmobiliaria 2015.

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En su argumentación el Banco de Tierra dice: “La correcta conducción, desarrollo y conclusión de la actividad de auditoría dependerá de la secrecía, sigilo, cuidado y reserva con que se maneje la información; entregar la información haciéndola pública equivale a revelar datos precisos, concisos, determinados y determinantes para el análisis, proceso y resultado de la mencionada auditoría”.

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Y agrega: “Además de obstruir las actividades propias de la fiscalización, otro riesgo latente es la dispersión o diseminación de la información por parte de la persona solicitante generando inconvenientes a las acciones de investigación (...) alterando los resultados antes de que estas puedan concluirse”.

Aunque lo cierto es que el contrato y la información que contiene, como los avalúos que se utilizaron de referencia para la compraventa o el pago de impuestos por el movimiento, se hicieron públicos el 23 de mayo por parte del portal MTP Noticias, y como se explica en la nota la fuente de los mismos es el Instituto Registral y Catastral del Estado (Ircep).

Entonces, la secrecía con que el Banco de Tierra pretende manejar la documentación hace agua por varios lados, pues la documentación se puede consultar en el Ircep.

Sin olvidar que hacer públicos los contratos es una obligación básica de oficio, es decir, que debería estar publicado desde el 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) aun cuando no se hubiere realizado solicitud de información alguna, de acuerdo con la ley en la materia (artículo 77).