La organización Impunidad Cero presentó su informe sobre “Impunidad en delitos de desaparición en México”, donde señalaron que, a nivel federal de 2006 a 2022, el 99 por ciento de casos de situaciones forzadas y cometidas por particulares se mantiene impune.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó este miércoles su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

En el documento se dio a conocer que de 2019 a 2022 se registraron 35 mil 669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales sólo reportaron 141 sentencias, representando sólo 0.4 por ciento de los casos condenatorios por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares; lo cual muestra que no hay proporción entre el número de casos que se registran y el número de casos que se esclarecen.

De acuerdo con la organización civil, los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán no reportaron ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, lo que se traduce en un 100 por ciento de impunidad.

Impunidad Cero señaló que en 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), registró una cifra récord de 9 mil 068 personas desaparecidas y no localizadas.

La tasa estatal promedio de mujeres desaparecidas fue de 3.36 por cada 100,000 mujeres. Durante este periodo, Quintana Roo (14), Ciudad de México (11.6) y Zacatecas (9.2) fueron los estados con las tasas más altas. Mientras que la tasa estatal promedio de hombres desaparecidos fue de 11 por cada 100,000 hombres. Los tres estados con las tasas más elevadas fueron Zacatecas (46.5%), Tamaulipas (28.4) y Quintana Roo (25.4).

Durante la presentación de los datos, Catalina Kühne, directora ejecutiva de Impunidad Cero, señaló la importancia de “seguir hablando del fenómeno de desapariciones en el país”.

Mientras que Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, expuso que “la impunidad estructural en sí misma re victimiza e impide la creación de políticas públicas que le pongan un alto a la impunidad”. Asimismo, en casos de desapariciones, “las familias de víctimas de personas desaparecidas son las que padecen la falta de implementación de la Ley General“. (JC)