El Congreso de Puebla no puede seguir retrasando el análisis y discusión sobre la despenalización del aborto debido a las disposiciones jurisdiccionales que se han emitido al respecto en los últimos años, indicó la diputada Mónica Silva Ruíz.

La diputada petista y promovente de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la entidad, recordó que los diputados locales "saben lo que tienen que hacer", por lo que el avance del tema sólo requiere voluntad política.

Silva Ruíz apuntó que al interior del Legislativo ya se han realizado los trabajos necesarios para socializar el tema y lograr el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Señaló que el hecho de que la despenalización del aborto quede en manos de las suplencias debido al proceso electoral, no debería cambiar el resultado de la votación, en especial porque la mayoría en el Pleno es izquierdista.

"Pedirles de todo corazón que puedan sumarse al reconocimiento. El servicio ya lo está brindando el estado. Es una realidad que ya no puede criminalizarse desde el Poder Judicial, únicamente falta que lo postremos en la ley", detalló la legisladora.

La diputada del Partido del Trabajo espera que la aprobación se resuelva el próximo año, tal como lo indicó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Castillo López.

PAN mantiene negativa sobre despenalizar el aborto

En tanto, el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla, Rafael Micalco Méndez, señaló que votarán en contra de la despenalización del aborto una vez que llegue al Pleno.

Recordó que la postura del partido es defender la vida, por lo que tienen que ser congruentes una vez que avance el tema en Comisiones, algo que tendrán que hacer todos los diputados panistas.

El pasado lunes 4 de diciembre, el gobierno de Puebla dio inicio al programa "Aborto Seguro", el cual será gratuito, con el condicionante de que las interesadas no podrán exceder las 12 semanas de gestación.

El servicio se otorgará a las personas que obtengan una constancia que acredite que están amparadas para solicitar el servicio.

La resolución del gobierno estatal deriva del amparo que las asociaciones GIRE, CAFIS y ODESYR interpusieron en contra del Congreso del Estado por su omisión legislativa sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). (JC)