A pesar de que se había señalado que la presencia del inmueble conocido como “picadero” en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, donde fueron asesinados 7 presuntos vendedores y consumidores de droga, el alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, negó que haya habido una denuncia previa, ni por parte del edil auxiliar ni de algún ciudadano.

Pese a señalarse por parte de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) el uso del inmueble como trasiego de drogas y de la alta incidencia delictiva en San Miguel Canoa, Rivera Pérez aseguró que las autoridades municipales no recibieron de manera formal alguna denuncia al respecto.

Fue la propia secretaria de Seguridad en el municipio, María del Consuelo Cruz Galindo, quien señaló que el lugar dataría desde hace 7 años y el propio secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, aseguró que el edil auxiliar Paciano Ruperto Pérez Lima ya había solicitado la intervención del estado por la incidencia delictiva en la zona.

Rivera Pérez exhortó a la ciudadanía a alertar al Ayuntamiento de Puebla sobre la presencia de, además de “picaderos” en la ciudad, otros hechos delictivos como robo y venta ilegal de gas, presencia de bandas delincuenciales y hasta bares y antros que operen fuera de horario.

“Es fundamental la denuncia ciudadana para que podamos actuar”, afirmó el edil panista al agregar que la seguridad es responsabilidad de todas las instituciones que componen el Estado mexicano.

Por lo anterior, Rivera Pérez aseguró existe una correlación entre los tres niveles de gobierno para ejecutar operativos contra la incidencia delictiva, en la que participan el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Cabe recordar que fue al siguiente día del ataque a mano armada en San Miguel Canoa, cuando la titular de la SSC del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo reveló que el conocido como "picadero" ya se encontraba en funcionamiento desde hace 7 años, es decir, desde 2016.

Horas después de su declaración, la misma funcionaria municipal aclaró que el reporte del inmueble fue por testimonios de los pobladores el día del ataque y no porque el Ayuntamiento haya sido notificado, pese a que en su primera declaración había revelado que el 17 de julio de 2023 se había ejecutado un operativo en esa misma localidad. (MIG)