La Universidad Iberoamericana de Puebla lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) minimice las “ausencias voluntarias”, pues debe asumir su responsabilidad en la búsqueda de personas independientemente de las razones de su desaparición.

Lo anterior después de que el fiscal Gilberto Higuera Bernal informara que del 1 de enero al 30 de septiembre de este año se recibieron un total de mil 495 denuncias correspondientes a personas desaparecidas, de las cuales 1 mil 290 ya fueron localizados. Sin embargo, el 85.6 por ciento (1 mil 105) de los casos de desaparición corresponden a personas que se ausentaron de manera voluntaria.

Personas se ven obligadas a salir de sus hogares, acusan

A través de un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social, así como la Clínica Jurídica Minerva Calderón, manifestaron su preocupación respecto al discurso oficial sobre las ausencias por voluntad, ya que estigmatizan a las personas que se ven obligadas a salir de sus hogares por alguna razón.

Asimismo, señalaron que este tipo de declaraciones mandan un mensaje de inacción respecto a la responsabilidad de la Fiscalía de Puebla con la búsqueda inmediata, agravando la situación de riesgo para quienes se encuentran desaparecidas.

Entorno de violencia propicia desapariciones: Ibero

La Institución jesuita expuso que el gran número de ausencias voluntarias habla de un contexto de violencia en el entorno familiar o social que puede predisponer a la presunta comisión de un delito.

“Consideramos muy importante subrayar que este tipo de ausencias no equivale a la simulación de una desaparición, la cual podría configurarse como un hecho ilícito”, expresaron.

Incluso apuntaron que la no localización de una persona obliga al Estado a iniciar su búsqueda inmediata, la cual, de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda, implica el ‘despliegue urgente de las primeras acciones tendientes a localizar’, independientemente de que se presuma o no que la comisión de un delito está relacionada con su ausencia.

“Es imprescindible que las autoridades asuman responsablemente su obligación de adoptar con celeridad y exhaustividad todas las actividades de búsqueda e investigación necesarias, dirigidas a determinar el paradero de las personas desaparecidas, independientemente de las razones de la desaparición o no localización”, insistieron. (EG).