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Denuncian ante CDH a Ayuntamiento de San Andrés por discriminación y racismo

  • Kara Castillo
Cholultecas Unidos en Resistencia acusa al edil Edmundo Tlatehui por excluirlos de los planes urbanos, contrastando con su discurso de inclusión
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Integrantes de la organización indígena Cholultecas Unidos en Resistencia presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla una queja contra el Ayuntamiento de San Andrés Cholula y la Dirección General de Gobierno (DGG) por discriminación y racismo en la ejecución de los planes de Desarrollo Urbano, en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Programa Integral de Movilidad.

La queja señala la intimidación, menosprecio, discriminación y promover actos racistas y de género por parte de la administración municipal y funcionarios del gobierno del estado desde el 5 de septiembre del presente año, actos que –aseguran– ponen en riesgo su integridad como pueblos indígenas.

Precisaron que durante la sesión del 5 de septiembre, el presidente municipal Edmundo Tlatehui actuó de mala fe, pues aunque en el discurso el edil confirmaba y reconocía a la participación de los pueblos indígenas en el proceso, en la práctica no se les convoca ni informa, violando sus derechos humanos como pueblos indígenas y el Protocolo de Consulta Indígena firmado por el Ayuntamiento el 18 de marzo de 2020.

“El ayuntamiento ha negado el reconocimiento de los pueblos indígenas y dar a conocer a las y los miembros del Consejo de Desarrollo Urbano las Estrategias de planeación territorial, protección y conservación de los pueblos originarios de San Andrés Cholula”.

“El Presidente Municipal omite de manera deliberada las etapas de la consulta indígena, pretende pasar de asambleas informativas impuestas, sin la información adecuada y sin contener las Estrategias de los pueblos a la aprobación de dicho plan omitiendo las etapas informativa, deliberativa, consultiva con libre consentimiento y seguimiento de acuerdos” precisaron.

Como los principales funcionarios que ejercen actos discriminatorios señalaron a Edmundo Tlatehui Percino, presidente municipal; Eduardo Martínez, secretario de desarrollo urbano del municipio, y a Raúl de los Santos, secretario de gobernación del municipio.

Ayuntamiento realiza “mesas en secreto”

Tras las vulneraciones del edil contra los habitantes de los pueblos originarios, los siete pueblos indígenas nahuas se manifestaron el día 18 de septiembre en el KM 6 de la Carretera Federal a Atlixco en la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, para que fuera visibilizada la violación, pero Edmundo Tlatehui y el gobierno estatal respondió con amedrentamiento de 45 patrullas por más de siete horas, así como miembros de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la Subsecretaría de Gobernación y la Dirección de Gobierno abrieron una mesa de diálogo con el Ayuntamiento en la que incluyó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla, para que emitieran un dictamen de viabilidad y un análisis técnico-académico de la viabilidad de las estrategias de planeación territorial, protección y conservación de los pueblos originarios de San Andrés Cholula, así como la revisión de la inclusión de dichas estrategias en el proyecto de actualización del programa municipal de desarrollo urbano de San Andrés Cholula del mes de marzo de 2023. 

En las reuniones, acusan habitantes de los pueblos originarios, se violentó a los miembros de la organización; una de ellos fue a la comunicadora indígena Miryarn Vargas Teutie, quien fue acosada por parte de la Dirección de Gobierno al punto de arrebatarle el teléfono. Aunque se dejó claro que asistía como periodista, se le negó su derecho a informar y a los pueblos originarios a informarse del contenido de las mesas de trabajo.

“Al negarse la Dirección General de Gobierno que las mesas técnicas se transmitieran, sin que exista fundamento en ello y por el contrario siendo un derecho de la comunidad estar informada”

La queja ante la CDH Puebla precisa que durante la semana del 19 al 22 de septiembre los pueblos convocaron a una cuarta universidad estatal, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) y al Colegio de Urbanistas. Dicha decisión se informó a la Secretaría de Gobernación por parte de los pueblos.

La UIEP respondió amablemente la invitación de los pueblos, presentándose en la mesa de trabajo del día 27 de septiembre en la Dirección de Gobierno del Estado de Puebla, sin embargo, el Ayuntamiento a través del Secretario de Gobernación, Raúl de los Santos, así como el asesor jurídico del Ayuntamiento, Florentino Téllez, y demás representantes del ayuntamiento, les negaron la entrada.

Ante esta negativa, los habitantes de los pueblos originarios explicaron que la presencia era pertinente por parte de esa casa de estudios, pues uno de los puntos en conflicto era que el Ayuntamiento no reconocía la “libre autodeterminación de los pueblos indígenas/originarios de San Andrés Cholula", por lo que era necesario involucrar también a esta universidad por el enfoque pertinente que plantea, siendo uno de sus programas el Derecho Intercultural.

No se aceptó

La negativa de los funcionarios fue reconocida como racista por parte de los pueblos, pues se trata de una universidad cuyo principal enfoque es atender a las poblaciones indígenas del Estado, sumado a que su sede principal se encuentra en la comunidad de Huehuetla, en la Sierra Norte de Puebla, aproximadamente a 4-5hrs de distancia de la Ciudad de Puebla.

La queja reclama la violación del Ayuntamiento de San Andrés a los pueblos y comunidades indígenas y exige a la CDH el reconocimiento de los derechos de los pueblos y las personas, además sostienen que tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus libertades.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.  Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura”. (EG).

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