El juez que investiga el caso Negreira, Joaquín Aguirre, magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ha ordenado a la Guardia Civil el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y ha imputado al FC Barcelona de cohecho activo, al sospechar que el club pudo pagar por efectos arbitrales deseados.

Los más de 7.5 millones de euros que pagó el conjunto Culé al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, fue la causante de la investigación en la que hoy, Aguirre ordenó el registro de las oficinas con la intención de encontrar documentación referente al caso.

Implicado Javier, hijo de Negreira

En esta causa que investiga los pagos del Barcelona a Negreira durante casi dos décadas, también lo están siendo su hijo Javier Enríquez, el Barça como persona jurídica, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club, Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El magistrado atribuye a Negreira en un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor, y a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al equipo y a los exdirectivos investigados, les atribuye un presunto delito de cohecho activo.

Cabe destacar que el delito de cohecho, no es el único que el juez dictaminó, ya que a este se añaden los de corrupción entre particulares del ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documentación mercantil y blanqueo de capitales.

El juez sospecha que los pagos pudieron obedecer a una forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de futbol, en un contexto de una posible corrupción sistémica en el seno del CTA en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.

Magistrado sostiene que la cantidad inicial fue en aumento

Joaquín Aguirre sostiene que los pagos del club español a Enríquez Negreira, pueden considerarse realizados en atención al cargo que desempeñaba, en el que se multiplicaron hasta los 700 mil anuales y se detuvieron coincidiendo cuando cesó el árbitro investigado.

Recuerda el magistrado instructor en su auto que el delito de cohecho, se habría consumado una vez acreditados los pagos; asimismo, el magistrado ha dictado otra resolución en la que requiere al Barça para que, en un plazo de cinco días, aporte el listado de presidentes desde 2001 hasta 2018, indicando con la fecha de toma de posesión y cese.

Fuentes del FC Barcelona han señalado que el equipo ya contemplaba la hipótesis de que el juez instructor le imputara el delito de cohecho, por lo que sus penalistas trabajan desde el primer día todos los aspectos de esta causa.