Las empresas de seguridad privada que operan al interior de la Central de Abasto en Puebla son investigadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para conocer si están reguladas, informó el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna.

En rueda de prensa, el secretario de Seguridad dijo que todas las empresas registradas como proveedoras de seguridad privada, tanto al interior de la Central de Abasto como en todo el estado en general, deben estar debidamente registradas y reguladas por el gobierno de Puebla.

Lo anterior luego de trascender que guardias de empresas de seguridad privada habrían retenido a los tres elementos de la Guardia Nacional el pasado jueves en la Central de Abastos; horas después uno de ellos fue encontrado muerto en la junta auxiliar La Resurrección.

Según lo dio a conocer el funcionario estatal, actualmente la dependencia levanta un registro en dicho punto comercial para conocer a las empresas que están debidamente establecidas como proveedoras del servicio. Además, dijo que quienes se identifiquen como guardias o empresas de dicho ámbito y no estén registradas podrían estar incurriendo en falta administrativa o, en su caso, hasta en delitos.

De fincarse el segundo caso, afirmó Cruz Luna, serán las autoridades federales las que deberán intervenir en las consiguientes investigaciones para aplicar las responsabilidades jurídicas correspondientes.

FGR, a cargo de la investigación

Además, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que atrajo e investigará el caso de la retención y asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Puebla.

Aseguró que, desde la instancia estatal, las autoridades colaboran con las investigaciones y aportación de datos para identificar a los responsables del crimen. Lo cual, indicó Cruz Luna, será garantía de que el asesinato del elemento de la Guardia Nacional no quedará impune.

Ante lo cual reveló que, dadas las investigaciones de la SSP, las personas que son investigadas por narcomenudeo en la zona de la Central de Abastos también tienen antecedentes de otros delitos en la entidad.

Sin embargo, la relación de estos presuntos delincuentes identificados en la zona con otros ilícitos recaerá en las responsabilidades tanto de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, dijo que tanto el actual sistema penal acusatorio, como la Ley General de Salud, contienen disposiciones que pudieran representar un obstáculo para contrarrestar los delitos como el narcomenudeo.

Las disposiciones de la Ley General de Salud son usadas como modo de operación de los presuntos narcomenudistas, ya que al ser identificados y detenidos por la Policía Estatal, estos portan dosis consideradas como bajas, por lo cual se asumen como consumidores y no como distribuidores, teniendo la facilidad de acceder a una multa ante el juzgado calificador y obtener su libertad inmediata. (JT)