En un tendedero de deudores laborales, extrabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), del Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Sindicato del Ayuntamiento de Puebla y de la Secretaría de Educación (SEP) aseguran que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) emitió sentencia a su favor para que se les liquide, pero las instituciones se niegan a pagar.

Así lo manifestó Rubén Díaz Avelino, encargado de la organización de personas afectadas por las instituciones, este 17 de agosto en el zócalo de la ciudad de Puebla, donde se colgaron las fotos de personajes como la titular de la SEP, Isabel Merlo Talavera.

Explicó que, en su caso, demandó a Gonzalo Juárez Méndez, dirigente del Sindicato del gobierno del municipio de Puebla, a quien le ganó el laudo, situación en la que se encuentran la mayoría de los inconformes, pues ya cuentan con su sentencia.

También informó que hasta el mes de mayo del año en curso suman 435 casos sin resolver, así como 37 mil juicios laborales rezagados en ocho o diez años. Sin embargo, la Junta Local sólo labora con la mitad de personas que debería atender estas problemáticas.

Con base en el cálculo que realizó un abogado laborista tomando en cuenta la lentitud de este organismo, para atender el número de expedientes que no han tenido resolución, se tardarían alrededor de 22 años en abatir el rezago.

Por otro lado, Díaz Avelino detalló que, en el caso de los trabajadores de la BUAP, su queja es que les están disminuyendo las posibilidades de demandar en caso de despido.

Finalmente, señaló que la presidenta de la JLCyA, Andrea Priede Iglesias, es una abogada laboralista que siempre ha representado a la parte patronal, pues ha provocado afectaciones en los trabajadores. “Los casos que lleva su despacho ha empezado a tener solución en favor de los patrones, en detrimentos de los trabajadores”, afirmó Rubén Díaz Avelino.