La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una acción de inconstitucionalidad en contra de la recién reformada Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La fracción en cuestión prohíbe que personas con antecedentes penales puedan ser rectores de la universidad, sin hacer distinción entre las personas que actualmente enfrentan un proceso jurídico y aquellas que ya cumplieron su sentencia.

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En sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Mesa Directiva dio lectura al oficio 22074/2023 que envió el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Juan de Dios Uri Téllez García.

El secretario remitió la impugnación iniciada por la CNDH, con la que se solicitó invalidar el Artículo 18, fracción XI, del nuevo ordenamiento. El tema será analizado por la Comisión de Educación.

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De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, el requisito previsto por el Congreso de Puebla de “no haber sido condenado por delito doloso para acceder a la titularidad de la Rectoría de la BUAP” es excluyente.

El organismo público consideró que dicho lineamiento transgrede el derecho de igualdad de las personas que se encuentren en esa situación, “en virtud de que no existe una relación lógica y evidente entre la exigencia impuesta y las funciones de desempeñar en citado empleo público”.

“El artículo 18, fracción XI, de la Ley de la BUAP contiene un requisito discriminatorio que genera una diferenciación injustificada, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el empleo público aludido con base en la circunstancia de haber sido condenado en el pasado por la comisión de un delito doloso”, señala el documento.

Y continúa: “dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio del derecho a acceder a un cargo público de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente en igualdad de condiciones que las demás, por lo que ese Alto Tribunal Constitucional debe declarar su invalidez y expulsarlo del orden jurídico local”.

La CNDH, que pide modificar el artículo de la Ley BUAP, quedará pendiente de que los legisladores locales realicen una nueva revisión a las reformas publicadas en el Periódico Oficial de Puebla el 13 de junio de 2023 y se realicen las correcciones correspondientes.