El 84.6 por ciento de la población privada de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla, es decir, alrededor de 4 mil 733 reclusos entre hombres y mujeres, no había recibido sentencia en 2022, de acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal (CNSIPEE-F) 2023 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

El censo muestra que en 2022, la cifra de personas privadas de la libertad fue de 5 mil 635, de los cuales 5 mil 146 eran hombres y 489, mujeres.

De acuerdo con los datos, 24.9 por ciento estaba bajo prisión preventiva justificada; 59.7 por ciento, bajo prisión preventiva oficiosa, por lo que el 84.6 por ciento del total de reclusos no tenía sentencia.

Además, señala que 2.6 por ciento tenía otro supuesto jurídico, mientras que del otro 12.7 por ciento, no se identifica su estatus jurídico.

Reclusos sin sentencia a nivel nacional

De la población privada de la libertad sin sentencia a nivel nacional, 50.2 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9 por ciento, en prisión preventiva justificada; 11.4 por ciento, en otro supuesto jurídico y del 14.5 por ciento, no se identificó su tipo de estatus jurídico.

Sentencias a pesos a nivel nacional

En cuanto a la población privada de su libertad con sentencia, en los centros penitenciarios del país, el 19.1 por ciento de los hombres (24 mil 955 reclusos) y 16.8 por ciento de las mujeres (1 mil 075 reclusas) recibieron penas de entre cinco a menos de diez años.

De la población en internamiento y semi-internamiento en centros especializados, un 19.5 por ciento de los hombres (175 reclusos) y 21.9 por ciento de las mujeres (14 reclusas) recibieron sanción de internamiento de 2.6 a menos de 3 años.

Quejas en los centros penitenciarios

El informe también señala que, de las quejas presentadas ante la unidad o área especializada de los centros penitenciarios y centros especializados, Puebla concentró 13.5 por ciento de los casos a nivel nacional, es decir, presentó 7 mil 373 quejas; le siguió el Estado de México con 6 mil 760, Jalisco con 2 mil 813 y Oaxaca con 1 mil 215.

Las quejas presentadas están relacionadas con la atención médica y psicológica, el suministro de bienes o artículos personales, la reinserción social, situación jurídica, reubicación o traslado, alimentación, sanciones disciplinarias o castigos injustificados y la prohibición de visitas íntimas, familiares y de sus personas defensoras.

Así como reportes de condiciones insalubres y mantenimiento de las instalaciones, abuso u omisión de la autoridad (incluye amenazas, agresiones y lesiones), tortura y tratos crueles e inhumanos, temor a agresiones por parte del personal de vigilancia y custodia, extorsión y cobros indebidos y acoso o abuso sexual.