La presidenta municipal de Izúcar, Irene Olea Torres, el síndico Omar Flores Vázquez y el director de Obra pública, fueron denunciados por el delito de despojo por parte de Manuel Rodrigo Torralba Hernández, un ciudadano del barrio La Asunción, quien afirmó que las autoridades municipales robaron 6.90 metros de ancho por 17 de largo de su propiedad, para construir un adoquinamiento en la calle Hidalgo.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Puebla, la situación se originó en diciembre de 2021, cuando según el denunciante, personal del Ayuntamiento llegó sin previo aviso a su propiedad y empezó a realizar un trabajo de limpieza y trazo.

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El hermano de Torralba Hernández, quien cuida la propiedad, relató lo sucedido y fue con la inspectora del barrio, aunque ésta no logró resolver el problema.

Más tarde, dos arquitectos, entre ellos el director de Obra pública, Donato Gutiérrez Ocampo, acudieron al lugar para tomar medidas y fotografías; sin embargo, nada de esto resultó en algún tipo de solución.

El Ayuntamiento se apropió parte del terreno

Con supuestos engaños, los peritos de Obra Pública del ayuntamiento obtuvieron una copia de la escritura de propiedad y credencial de elector del agraviado, los cuales acreditaban que la propiedad ya pertenecía al municipio, se acusó.

El funcionario municipal se presentó en la propiedad para medir el terreno el 23 de mayo, para reafirmar que ya pertenecía al Ayuntamiento. Ahora la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos Por Servidores Públicos de Puebla debe decidir si los hechos expuestos constituyen algún delito.

Por el momento, la alcaldesa Irene Olea Torres, el síndico Omar Flores Vázquez, el director de Obra Pública Donato Gutiérrez Ocampo y otros servidores municipales, se encuentran bajo evaluación.

El afectado no fue notificado del despojo, ya que actuaron de manera ilegal

El denunciante también aseguró que los funcionarios municipales le reiteraron en varias ocasiones que el área en cuestión ya era propiedad del ayuntamiento. No obstante, esto no fue notificado de manera personal previo al despojo.

Además, refirió que pese a que realizó varias gestiones para la devolución del predio, aún no ha recibido una respuesta favorable por parte de la edil ni del síndico municipal de Izúcar de Matamoros.

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En su denuncia, el ciudadano solicitó al agente del Ministerio Público Investigador que realice y desahogue todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad de los imputados.

Igualmente, solicitó que se girara un oficio de investigación y que la correspondiente carpeta de investigación se remitiera a los medios alternativos de solución de conflictos. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, se debe remitir la carpeta al juez de control competente para que se imponga la sanción correspondiente.

Hasta el cierre de edición, no se ha hecho ningún deslinde de responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.