A más de un año de que se aprobó la Ley General de movilidad y seguridad vial, el Congreso de Puebla ha caído en una omisión legislativa al mantener estática su operación, aseguran asociaciones colectivas en defensa de la movilidad.

De hecho, han pasado siete meses desde que venció el plazo para que diputadas y diputados poblanos armonizaran las leyes locales, de acuerdo con una disposición transitoria contenida en la propia Ley General de movilidad y seguridad vial.

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Lo anterior, ya que la fecha límite fue el pasado 13 de noviembre de 2022 y por cuya falta de voluntad para legislar, aseguran integrantes de las asociaciones, es que a partir de hoy lunes 5 de junio será promovido un juicio de amparo contra el Poder Legislativo de Puebla.

De acuerdo con Lizeth Mejorada, integrante y representante de Manu Vive A.C., el punto transitorio de la LGMSV fue violado por el Congreso del estado, a pesar de haber existido ya múltiples encuentros y mesas de trabajo, incluso cuando todavía fungía como presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte Isabel Merlo Talavera.

Durante rueda de prensa, argumentó que hasta la fecha fueron presentadas tres iniciativas de movilidad, sin embargo, no se ha trabajado la dictaminación.

“Se ha puesto de excusa una supuesta consulta que se tiene que realizar por parte del Congreso a los ciudadanos en materia de discapacidad y pueblos indígenas, pero resulta inoperante hacer una consulta sobre un dictamen inexistente”.

Tendrán que ser los representantes del poder tanto Ejecutivo, como Legislativo y Judicial, indicó Ramón Vara Pizzini, quienes tendrán que garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a una movilidad segura.

La omisión por parte del Legislativo poblano, dijo Vara Pizzini jurista de Manu Vive A.C., viola los derechos humanos de la ciudadanía.

Lo anterior, ya que el derecho humano a la movilidad incluye peatones, ciclistas, adultos mayores, usuarios del transporte público y personas con discapacidad.

“Con este juicio de amparo se espera que en unos meses un juez federal ordene al Congreso local aprobar la Ley de Movilidad y adecuar la legislación interna en la materia”, expuso.

A decir de Luz del Carmen Zenteno, activista y madre del fallecido Emmanuel Vara Zenteno, fallecido en 2018 al ser atropellado mientras viajaba en bicicleta rumbo a su trabajo como director de Gestión de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, indicó que es responsabilidad del gobierno de Puebla promover la seguridad de todas las personas usuarias de la vía pública.

Argumentó que más de 80 por ciento de las personas en Puebla desconocen la existencia de un derecho que ahora es constitucional como lo es la movilidad y que es soportado por la misma Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de 2022.

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Por lo cual lanzó un exhorto a quienes sean familiares de personas que han fallecido o resultado lesionadas por sucesos viales a unirse a la exigencia hacia las autoridades poblanas para garantizar una movilidad segura y eficaz.

Dicho amparo fue signado por integrantes de colectivos como Manu Vive A.C., Puebla para Todos, Círculo de Amparo, entre otros.