El Congreso de Puebla es omiso en el análisis de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal. No ha concentrado las tres iniciativas existentes ni emitido el dictamen para realizar las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia, indicó el experto en movilidad e integrante de la Coalición Movilidad Segura, Armando Pliego Ishikawa, quien indicó que los integrantes de la Comisión de Transportes y Movilidad en el Legislativo deben darle celeridad al tema.

La diputada Guadalupe Leal Rodríguez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano e integrante de la Comisión de Transportes, confió en que sea en el mes de febrero cuando se puedan realizar las consultas a los grupos vulnerables, para legitimar el proceso.

El pasado domingo 13 de noviembre de 2022 venció el plazo de 180 días, indicado a partir del 17 de mayo, para que el Congreso de Puebla armonizara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

*Congreso de Puebla cae en omisión legislativa*

Pliego Ishikawa recordó que la diputada Isabel Merlo Talavera, presidenta de dicha comisión, es quien está facultada y obligada a concluir el proceso legislativo para la expedición del nuevo ordenamiento, mismo que no sólo se ha detenido por la resolución de la corte.

“El asunto está en que independientemente de esa consulta, no hay dictamen, y no se puede consultar a las personas sin él. Por técnica legislativa lo que se puede someter a consulta es el dictamen y es allí en donde el Congreso ha sido omiso”, comentó.

Recordó que hay tres proyectos pendientes de análisis y concentración: el primero propuesto por la bancada de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano; el segundo por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta; y el último impulsado por la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional (PRI).

Detalló que el proceso de análisis de las tres propuestas que se han presentado en el Congreso no debería llevarse más tiempo ya que todas cuentan con los elementos necesarios para garantizar que se respete la pirámide de movilidad, que pone al peatón como prioridad sobre los automovilistas y coinciden en un 95 por ciento de su contenido.

Pliego Ishikawa confió en que el nuevo mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina siga considerando el tema como prioridad, como señaló en repetidas ocasiones cuando estuvo al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

También llamó a los presidentes municipales de los 217 municipios de la entidad a armonizar sus reglamentos de movilidad y transito con la Ley General existente, para no incurrir en alguna violación u omisión de forma particular.

Febrero, el mes en el que se realizarían las consultas

De acuerdo con la diputada panista Guadalupe Leal Rodríguez, las consultas ciudadanas a grupos vulnerables ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se realizarán en el mes de febrero.

Explicó que se harán a través de las comisiones de Movilidad y Transporte y Parlamento Abierto, presididas por Isabel Merlo Talavera y Eduardo Alcántara Montiel, respectivamente. Además, aunque la viabilidad y el método de aplicación siguen en estudio, adelantó que se llevarán a cabo de forma presencial y virtual, incluso híbridas, para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, enfocándose en peatones y personas con discapacidad.

“Es una urgencia en la agenda de movilidad porque Puebla ocupa el primer lugar en siniestros viales y para que se llegue a todos los municipios, la consulta tendrá que ser una parte presencial y otras hibrida”, detalló la legisladora.

Leal Rodríguez recordó que el análisis del tema tendrá que hacerse bajo el principio de concentración para sacar “una nueva propuesta” y poder cumplir con las disposiciones ordenadas por la corte.

Resaltó que la expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla será un triunfo de los activistas, expertos, colectivos, organizaciones como Manu Vive, Grupo Cadena, el Consejo Ciudadano de Movilidad que trabajaron en su fortalecimiento.

A casi un año de ser propuestas, iniciativas siguen detenidas

En marzo del 2022 durante la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, la bancada de Acción Nacional (PAN) y la representación de Movimiento Ciudadano presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial Estatal.

De acuerdo con la propuesta se busca reconocer "el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad".

Para ello, se pretende priorizar al peatón y al ciclista sobre los automovilistas, mediante infraestructura moderna e inclusiva “para maximizar desplazamientos ágiles y asequibles”.

Al presentarla ante el pleno, la diputada panista Guadalupe Leal Rodríguez señaló que dichas modificaciones retoman el dictamen aprobado por el Senado de la República, de la Ley General de Movilidad y Seguridad.

Tres meses después, el 9 de junio, el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, entregó un paquete de reformas y expedición de nuevas leyes al Congreso del Estado, entre ellas la expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

En el documento se destacó que los peatones, conductores de vehículos no motorizados y personas con discapacidad tendrán prioridad; además, se establecerán reglas para reducir las muertes viales.

En julio del 2022, Isabel Merlo Talavera, presidenta de la Comisión de Transportes y Movilidad en el Legislativo dijo que el análisis y aprobación de dichos ordenamientos se realizarían hasta el siguiente periodo legislativo, es decir, a partir del mes de septiembre, pero siguió en pausa.

Dos días antes, los integrantes de la comisión acudieron al Senado de la República para analizar y homologar las propuestas que habían recibido hasta ese momento.

En octubre de 2022, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional (PRI) también presentó una iniciativa para agilizar la expedición de la Ley de Movilidad, pero sólo se sumó a la lista de espera.

Hasta el momento se han realizado reuniones con integrantes de organizaciones y colectivos de peatones, ciclistas, transportistas y motociclistas para “fortalecer la iniciativa”, a pesar de los señalamientos de exclusión y simulación por parte de algunos de los participantes.

También se llevó a cabo el Quinto Encuentro Nacional de Diputadas y Diputados Locales por la Movilidad (ENDIMOV), en donde participaron legisladores de todo el país y autoridades estatales para tratar temas en materia de transporte público y movilidad.

Consultas ordenadas por la SCJN, otro más de los pretextos

El 7 de junio de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) en el 2019, por no consultar a la población involucrada. De igual forma dejó sin efecto la Ley de Salud Mental.

Además, la Corte solicitó realizar consultas previas para atender a los grupos vulnerables, como personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas, población que está relacionada con la expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial Estatal.

De acuerdo con la diputada Guadalupe Yamak Taja, la realización de estas consultas previas provocaron la suspensión del trabajo legislativo para varias comisiones.

También el entonces presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció el retraso en la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pero justificó la omisión en la falta de claridad sobre el mecanismo para realizar las consultas ordenadas por la SCJN.

Los diputados panistas propusieron realizar foros ciudadanos vía remota (en línea) con peatones, ciclistas, automovilistas, transportistas y personas con discapacidad, para agilizar la dictaminación y aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Pero la diputada Isabel Merlo Talavera criticó la propuesta de los legisladores del PAN al ser excluyente, pues no considera las carencias de internet en varios municipios del estado, y afirmó que tomar acción sin el aval de las autoridades estatales podría hacerlos caer en alguna inconstitucionalidad.

El domingo 13 de noviembre de 2022 venció el plazo de 180 días, indicado a partir del 17 de mayo, para que el Congreso de Puebla armonizara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.