Debido al aumento en los casos de espionaje hacía periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) pidieron al gobierno federal investigar los hechos y sancionar a los responsables por atentar contra la privacidad de las personas.

En un comunicado, la CIDH lamentó que la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) y el Ejército insistan en el uso ilegal del sistema informático de vigilancia Pegasus, ya que, aunque las autoridades se han comprometido a revisar su adquisición y aplicación “no se registran avances sustanciales”.

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“Para la Comisión, este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana, sino también tiene el potencial de poner en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, a la vez que incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de derechos humanos”, se lee en el documento.

La CIDH y su RELE urgen a la Federación a investigar de forma exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus, sancionar a quienes resulten responsables, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, además de cesar cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnologías de vigilancia.

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El 15 de mayo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la apertura de una nueva carpeta de investigación en relación con la contratación de Pegasus en 2014 por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Un mes antes, el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, en la Universidad de Toronto, reveló que personal de la Sedena utilizó este software para espiar ilegalmente a dos integrantes de la organización "Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022.

La lista de personas presuntamente afectadas también incluye a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.