El contrato con la empresa “Sánchez y Sánchez Asesores” fue suspendido temporalmente por el faltante de vehículos considerados “chatarra” que estaban en el corralón municipal, informó el secretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla, Bernardo Arrubarrena García.

En entrevista, el funcionario municipal explicó que la suspensión fue un acuerdo entre ambas partes con el objetivo de agilizar el proceso judicial que se lleva a cabo por parte de la Contraloría, mientras se recaban las pruebas necesarias para la investigación.

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“El contrato queda en temporal suspensión, es un término jurídico en el que hay acuerdo por las partes, dado que ellos hicieron su trabajo, nosotros el nuestro y esta laguna que tenemos (del faltante de vehículos) es la que tiene que ser posteriormente aclarada”, declaró.

Cuestionado sobre la cantidad que la empresa pagó al gobierno de la ciudad por el retiro de vehículos “chatarra”, el funcionario municipal no precisó la cantidad, pero aseguró que los kilos retirados fueron pagados a un precio “favorable” para la administración, ya que el material ferroso no contaminante citado tiene un precio de 1.70 por kilo y la comuna sacó el costo por más de 5 pesos por cada kilo retirado.

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Arrubarrena García reiteró que los vehículos faltantes no son responsabilidad del ayuntamiento, ya que se basaron en el inventario que realizó la gestión de Claudia Rivera Vivanco.

El funcionario municipal señaló que la investigación sobre el faltante de carros continúa en curso y será la Contraloría la que se encargue de determinar responsabilidades.

“En esta administración no hay faltantes de unidades, los faltantes de las unidades se deben al inventario que nosotros recibimos de la administración anterior, nosotros aportamos todas las pruebas perfectamente detalladas, con especificaciones y toda la documentación está integrada en el expediente, tendremos que ser pacientes a que se resuelva la investigación al respecto”, manifestó.

El 1 de agosto del 2022 el comité de adjudicaciones informó que la empresa Sánchez y Sánchez Asesores fue la encargada de comprar los 5 mil 602 vehículos infraccionados del año 2000 hasta el 2018, por lo que la firma tenía que pagar un monto de 23 millones 458 mil 285 pesos. Sin embargo, había faltante de vehículos en el Corralón Puebla, por lo cual suspendieron el contrato.